Una nueva normativa de la Unión Europea obliga a las empresas a incorporar canales de denuncia que garanticen el anonimato de los empleados que las hagan.
De esta manera, el ente comunitario tiene previsto proteger a los confidentes que denuncien y ayuden a descubrir actos inapropiados dentro de las compañías.
Las empresas tendrán que adecuar a esta reciente legislación europea sus procesos de investigación interna en materia laboral y de cumplimiento normativo.
Todo está recogido en la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como ‘whistleblower‘ (denunciante, en inglés). Ya está publicada en el Diario Oficial de la Unión Eurpea (DOUE).
El texto aplica para las empresas de más de 50 empleados y obliga a la protección a las personas que denuncien irregularidades en su entorno profesional y la tramitación de esas denuncias internas por parte de las empresas.
Los Estados miembros de la Unión Europea, incluido España, deberán transponer esta Directiva en el plazo de dos años.