En enero de 2017, cuando Donald Trump juraba como presidente de Estados Unidos, fueron detenidas injustamente unas 200 personas, durante un operativo masivo y con fuerza.  

Más de cuatro años después de demandas, la ciudad decidió resolver el litigio, lo que asciende a $1.6 millones.

Las demandas fueron presentadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el abogado Jeffrey Light. Alegaban que la ciudad de DC y el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia (MPD) arrestaron falsamente a más de 200 personas el día de la toma de posesión de Trump.

El departamento fue acusado de violar los derechos constitucionales de periodistas, observadores legales y manifestantes, y de violar la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas y la ley de DC.

“El spray de pimienta, las granadas flash-bang, las granadas de conmoción cerebral y las bolas de picadura” también fueron presuntamente dirigidas a los manifestantes contrarios a Trump.