A más del doble subió el número de residencias para ancianos investigadas en toda España, en el marco de la pandemia de covid-19. Hace apenas unos días, se enlistaban 38.

La Fiscalía informó que amplió la investigación penal en residencias de mayores y personas con discapacidad a 86 centros en todo el territorio nacional, casi la mitad, 40, en la Comunidad de Madrid.

En un comunicado, la Fiscalía explicó que estas diligencias tienen como objetivo recopilar datos acerca de la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución, y resolver problemas puntuales que requieran la intervención o impulso propios de la labor protectora del Ministerio Fiscal en este ámbito.

Sin embargo, los procedimientos se han abierto como consecuencia de denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de los centros, entre otros.

En la lista se discrimina por comunidad autónoma: 40 residencias en la Comunidad de Madrid, 20 en Cataluña (18 en Barcelona, 1 en Lleida y 1 en Tarragona), 1 en Aragón (Zaragoza), 1 en Canarias (Arrecife-Puerto del Rosario), 1 en Cantabria, 5 en Castilla La Mancha (1 en Albacete, 3 en Ciudad Real y 1 en Toledo), 7 en Castilla-León (1 por la Fiscalía Comunidad, 1 en Soria, 1 en Salamanca, 1 en León y 3 Valladolid), 5 en Extremadura (1 por la Fiscalía de la comunidad, 2 en Cáceres y 2 en Badajoz), 5 en Galicia (1 por la Fiscalía de la comunidad, 1 en Lugo, 2 en Ourense y 1 en Pontevedra) y 1 en La Rioja.

Igualmente, constan abiertas 126 diligencias civiles que se enmarcan en la labor de amparo de los derechos individuales y colectivos de personas en situación de vulnerabilidad.