Una reforma para que la instrucción quede en manos de fiscales y no de jueces, con el objeto de hacer al proceso penal más justo es prioridad para el Ministerio de Justicia.

Se trata de un cambio que el Ministerio busca agilizar en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que está vigente desde 1882.

La cartera ha asegurado que el objetivo es crear una nueva figura, la del “juez de garantías”, que vigilará que los procedimientos se desarrollen conforme a la legislación.

Por eso, el ministro Juan Carlos Campo ordenó la creación de la comisión de expertos que elaborará el anteproyecto. La semana pasada mantuvo una reunión por videoconferencia con su presidente y coordinador de los trabajos, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

Medios especializados recuerdan que una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo. “Desde su inclusión en el Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, tanto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy elaboraron sus propios textos que, finalmente, no llegaron a ser debatidos ni aprobados en las Cortes Generales”, recordó El Economista.

La reforma fue incluida por el actual ministro entre sus prioridades en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del 17 de febrero, comprometiéndose a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de que finalice el presente año.