El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que el Gobierno tiene claro que las ayudas a determinados colectivos de autónomos que peor lo están pasando tienen que llegar más allá del 30 de junio.

Asimismo, ha señalado que las organizaciones de autónomos han trasladado la necesidad de ampliar el cese de actividad extraordinario hasta el 30 de junio como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y, según Amor, el Gobierno ha tomado notas y se ha comprometido a estudiarlo.

Así lo ha señalado en un encuentro telemático con los medios tras reunirse, junto con UPTA y Uatae, con la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Amor ha trasladado a Calviño que la prestación por cese de actividad es algo que ha funcionado y que va a llegar al 40% de los autónomos. Por ello, según Amor, las tres organizaciones han coincidido en que la prestación por cese de actividad debe llevarse hasta el 30 de junio y que habrá que ver de qué forma.

También ha insistido en que está a favor del acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales y el Gobierno para extender los ERTE, pero ha recordado que en España hay 500.000 autónomos que son empleadores de entre 1 y 2 trabajadores y con los que “indiscutiblemente” se debe tener una especial sensibilidad para que puedan mantener el empleo.

“Nos preocupa aquellos autónomos que puedan causar baja, porque no puedan soportar la caída de la demanda”, ha afirmado Amor, tras apuntar que ha pedido al Gobierno que se impulse la prestación ordinaria por cese de actividad para todo aquel autónomo que haya sido beneficiario de la extraordinaria pueda acceder a la misma.

Durante la reunión, ATA ha puesto de relieve que en los próximos seis meses habrá sectores que lo van a tener muy difícil para mantener la actividad. De hecho, cree que si la prestación termina en junio para todos los sectores puede haber una “baja masiva” de autónomos. Así, insta a aprobar o una ampliación de la prestación para los autónomos de los sectores con más dificultades o a impulsar una serie de bonificaciones o incentivos para que puedan mantener su actividad.

Además, ha subrayado la situación por la que atraviesan los autónomos de temporada, que normalmente se dan de alta en Semana Santa y causan baja en octubre, “unos 150.000 trabajadores que tienen poca previsión de trabajo conforme se presenta la campaña turística y que se han quedado fuera”.

También ha insistido en aumentar el umbral de aval público del ICO hasta el 100% (frente al 80% actual) para los autónomos y micropymes por debajo de esa estructura de 10 trabajadores
asalariados.

Landaburu ha subrayado su preocupación porque “sean quienes más dificultades tienen, y a la vez quienes sostienen realmente el tejido productivo sobre sus espaldas, los que tengan una red asegurada de protección que les permita afrontar con apoyo la recuperación económica, que será lenta y asimétrica”.