El Gobierno ha aprobado una nueva regulación de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, con el objetivo de reforzar la protección de las familias que deben reducir su jornada laboral para atender a sus hijos. El Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de noviembre, introduce cambios en los requisitos de acceso, la duración de las ayudas y los procedimientos de reconocimiento.

La norma sustituye al Real Decreto 1148/2011 y adapta la prestación a las nuevas necesidades asistenciales y familiares, especialmente en aquellos casos en los que los tratamientos médicos requieren cuidados continuados fuera del hospital.

Más situaciones médicas cubiertas por la prestación

Una de las principales novedades consiste en ampliar las situaciones que permiten acceder a la ayuda económica, incluyendo expresamente determinados tratamientos ambulatorios complejos y la hospitalización a domicilio.

De esta manera, las familias podrán solicitar la prestación cuando el menor necesite cuidados directos, continuos y permanentes, aunque no exista un ingreso hospitalario convencional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El nuevo reglamento también actualiza el listado de enfermedades graves, incorporando patologías como el trastorno del espectro autista y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu.

¿Quién puede solicitar la ayuda y cuánto se cobra?

La prestación está dirigida a trabajadores por cuenta ajena y autónomos que reduzcan su jornada laboral al menos un 50 % para atender a una persona afectada por cáncer u otra enfermedad grave.

La cuantía equivale al 100 % de la base reguladora correspondiente, sobre la que se aplica el porcentaje de reducción de jornada. En los supuestos de percepción simultánea por ambos progenitores, cada uno podrá recibir el 50 % de su respectiva base reguladora, conforme a las condiciones legales.

Además, se elimina la exclusión que afectaba a determinados trabajadores con jornadas parciales iguales o inferiores al 25 % de una jornada completa comparable.

Mayor flexibilidad para las familias y ampliación de los plazos

La regulación establece un reconocimiento inicial de cuatro meses, una primera prórroga de seis meses y posteriores ampliaciones de ocho meses, siempre que persista la necesidad de cuidados.

También contempla situaciones de separación, divorcio y convivencia compartida, facilitando la participación de ambos progenitores en la atención del menor.

En determinados supuestos, la prestación podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando la persona afectada tenga una discapacidad igual o superior al 65 % o dependencia de grado III y continúen cumpliéndose los requisitos.

Entrada en vigor de la nueva regulación

El Real Decreto 957/2026 entrará en vigor el 5 de enero de 2027, dos meses después de su publicación en el BOE.

La reforma pretende simplificar los procedimientos administrativos, mejorar la coordinación entre profesionales sanitarios y entidades gestoras y ofrecer mayor seguridad jurídica a las familias beneficiarias.

Con esta actualización, el sistema de Seguridad Social adapta su protección económica a las necesidades de quienes deben compatibilizar su actividad profesional con el cuidado de familiares afectados por enfermedades graves.