Una vez termine la vigencia del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, los fiscales deberán actuar de forma ágil ante el escenario de recursos que se espera. Por ello, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado una instrucción.

Se trata de la Instrucción 1/2021 sobre criterios de actuación en los recursos contencioso-administrativos en relación con la entrada en vigor del Real decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo.

El documento de la Fiscalía establece las pautas que necesitan los fiscales para unificar la respuesta procesal inmediata. Por ejemplo, se habla de cauces de comunicación directos con el fiscal de Sala de lo Contencioso-administrativo, a través de la red de delegados desplegada por todo el territorio.

El objetivo es coordinar la labor del Ministerio Fiscal y asegurar la celeridad en el planteamiento de las cuestiones que lleguen al Tribunal Supremo.

El decreto prevé la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo las medidas que adopten las comunidades autónomas que limiten o restrinjan derechos fundamentales para hacer frente al coronavirus.