La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido la resolución del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que autoriza a la Policía Nacional a investigar diferentes cuentas bancarias vinculadas al antiguo líder socialista y a personas de su entorno dentro del denominado ‘caso Plus Ultra’.

La autorización judicial permite a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) solicitar información a varias entidades sobre productos bancarios relacionados con Zapatero, sus hijas, Alba y Laura, su secretaria, Gertrudis Alcázar, y distintas sociedades incluidas en la causa. La investigación alcanza un total de 57 productos bancarios y comprende movimientos realizados desde enero de 2020.

El recurso no plantea una oposición absoluta al análisis de las cuentas del expresidente, de la empresa de sus hijas ni de las relaciones económicas mantenidas con el empresario Julio Martínez y sus sociedades. La defensa cuestiona principalmente la amplitud de las facultades concedidas a la unidad policial para solicitar información adicional sin una nueva autorización judicial específica.

La defensa pide una autorización judicial para ampliar las pesquisas

El abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, sostiene que la resolución permite a la UDEF ampliar la información bancaria que considere pertinente de una manera demasiado genérica. A su juicio, cualquier nueva documentación que exceda las peticiones inicialmente autorizadas debería requerir una resolución judicial previa y motivada.

La defensa considera que esa limitación es necesaria para evitar que las pesquisas se conviertan en una investigación prospectiva sobre asuntos ajenos al objeto concreto del procedimiento. También advierte de que el acceso a información financiera que no esté directamente vinculada con la causa podría afectar a derechos como la intimidad, la protección de los datos personales y las garantías procesales.

Otro de los puntos cuestionados es el acceso a las comunicaciones entre Zapatero y las entidades financieras. El recurso distingue entre los datos estrictamente bancarios y la correspondencia mantenida entre el cliente y su banco, al entender que esta última podría estar protegida por el secreto de las comunicaciones.

El escrito solicita además que el periodo investigado quede limitado, como máximo, hasta diciembre de 2025. La resolución recurrida permite analizar movimientos posteriores, mientras que la defensa considera que estos podrían quedar fuera del marco temporal de los hechos investigados.

Un rastreo sobre cuentas personales y sociedades investigadas

La orden del juez Calama autoriza a la UDEF a recabar información de una docena de entidades financieras. Del total de productos bancarios incluidos, seis corresponden a Zapatero, nueve a sus hijas, siete a su secretaria y dos a Julio Martínez. Los 33 restantes pertenecen a diferentes sociedades incorporadas al procedimiento.

La finalidad de las diligencias es comprobar la procedencia, el recorrido y el destino de diferentes movimientos económicos detectados durante la investigación. La Policía pretende contrastar los datos obtenidos mediante información tributaria y otras fuentes financieras, así como aclarar determinadas operaciones examinadas dentro de la causa. Estas sospechas forman parte de una investigación judicial todavía en curso y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.

La defensa también reclama que se establezca un procedimiento para retirar de la causa toda la documentación que resulte irrelevante. Propone que esta depuración se realice bajo supervisión judicial y solicita que los informes policiales incorporen tanto los elementos que puedan respaldar las pesquisas como aquellos que resulten favorables para las personas investigadas.

El recurso abre ahora una nueva discusión procesal sobre los límites del acceso policial a la información bancaria. El juez deberá decidir si mantiene íntegramente su autorización o si introduce restricciones sobre el periodo temporal, las comunicaciones financieras y la posibilidad de que la UDEF solicite nuevos datos.