El Consejo General de la Abogacía Española considera que la futura norma debe aportar seguridad jurídica y garantizar que las personas afectadas puedan ejercer de forma efectiva sus derechos. En este sentido, ha defendido que existe un «consenso absoluto» sobre la necesidad de culminar el proceso y ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante años por asociaciones, plataformas y organizaciones de mutualistas.

Para la Abogacía, la necesidad de acelerar la aprobación del reglamento va más allá del cumplimiento de un calendario. La organización calcula que hay más de 150.000 potenciales afectados por esta regulación, un colectivo que no se limita al ámbito de la abogacía, sino que incluye también a profesionales de otros sectores.

La situación está teniendo además consecuencias sobre quienes se encuentran próximos a la jubilación. Según ha advertido la Comisión Permanente, algunos profesionales están aplazando decisiones relacionadas con su futuro ante la falta de información definitiva sobre las condiciones de acceso al RETA.

Por este motivo, la organización considera prioritario completar «cuanto antes» la Pasarela al RETA y reclama que el desarrollo reglamentario permita dotar de «seguridad jurídica» al proceso y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de quienes llevan años esperando una solución.

La Abogacía Española también ha apelado a mantener el trabajo conjunto y la unidad entre las partes implicadas para alcanzar una solución que califica de «justa» y «digna». A su juicio, culminar el procedimiento resulta especialmente relevante para un colectivo que permanece pendiente de conocer las condiciones definitivas de esta transición.

La Comisión Permanente ha advertido, en este contexto, de que no completar el proceso podría ocasionar un «daño irreparable» a los 150.000 ciudadanos que esperan una respuesta. Por ello, insiste en la necesidad de avanzar con urgencia en la aprobación del reglamento y cumplir el objetivo de que esté publicado antes del 29 de noviembre.

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En este contexto, la atención médica adquiere especial relevancia. Cuando las molestias respiratorias se prolongan o aparecen complicaciones, recurrir a un neumólogo covid puede ayudar a determinar el origen de los síntomas y establecer las pruebas o tratamientos necesarios.

Secuelas respiratorias tras la infección

La evolución de la COVID-19 no es idéntica en todos los pacientes. Algunas personas se recuperan completamente en pocas semanas, mientras que otras pueden mantener durante más tiempo síntomas como tos, sensación de falta de aire, cansancio o disminución de la capacidad para realizar determinados esfuerzos.

Cuando estas manifestaciones persisten, una valoración especializada puede ser recomendable. El neumólogo puede estudiar la función pulmonar y determinar si existe alguna alteración que requiera seguimiento. En una ciudad como Madrid, los pacientes que necesiten una valoración especializada pueden acudir a un neumólogo Madrid para analizar su situación de forma individualizada.

La importancia de una atención médica adecuada

Desde el punto de vista jurídico, también resulta relevante diferenciar entre una complicación propia de una enfermedad y una eventual actuación médica incorrecta. La aparición de una secuela después de una infección no significa, por sí misma, que exista negligencia profesional.

Para determinar si puede existir responsabilidad sanitaria deben analizarse las circunstancias concretas de cada caso: los síntomas que presentaba el paciente, las pruebas realizadas, el tratamiento indicado, la evolución posterior y la actuación de los profesionales conforme a los conocimientos médicos aplicables en ese momento.

La documentación clínica puede adquirir especial importancia si posteriormente surge una reclamación. Informes médicos, resultados de pruebas, diagnósticos, tratamientos prescritos y evolución del paciente permiten reconstruir cómo se desarrolló la atención sanitaria.

¿Cuándo puede existir responsabilidad?

Una posible reclamación por responsabilidad médica exige estudiar si se produjo una actuación contraria a la práctica médica exigible y si dicha actuación causó un daño al paciente. No basta, por tanto, con que el resultado del tratamiento no haya sido el esperado.

En determinados supuestos, una demora injustificada en el diagnóstico, la falta de determinadas pruebas cuando estaban indicadas o un tratamiento inadecuado podrían ser objeto de análisis jurídico. De hecho, los tribunales han examinado casos en los que una respuesta tardía ante síntomas graves tuvo consecuencias relevantes para determinar la responsabilidad de los profesionales sanitarios.

La pandemia también ha generado litigios relacionados con la responsabilidad de las administraciones sanitarias. Recientemente, el Tribunal Supremo ha recordado que la existencia de un daño relacionado temporalmente con una actuación sanitaria no implica automáticamente responsabilidad de la Administración, siendo necesario valorar las circunstancias y la posible existencia de una actuación negligente o contraria a las buenas prácticas.

Por ello, ante posibles secuelas respiratorias de COVID-19, la valoración médica y el asesoramiento jurídico pueden resultar complementarios. Un diagnóstico especializado permite conocer el alcance del problema, mientras que un profesional del Derecho puede determinar, cuando corresponda, si existen elementos suficientes para plantear una reclamación.

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La limpieza de oficinas constituye una actividad habitual en numerosos centros de trabajo. Mantener unas instalaciones en condiciones adecuadas permite ofrecer un entorno más confortable para trabajadores y visitantes, al tiempo que facilita la conservación de mobiliario, suelos y otras superficies. En este sentido, las empresas suelen recurrir a servicios profesionales que establecen una periodicidad determinada y unas tareas concretas en función de las características del inmueble.

En este contexto adquieren especial relevancia las empresas de mantenimiento y limpieza, que pueden prestar servicios tanto a negocios como a comunidades de propietarios, edificios de oficinas y otros inmuebles. La relación entre el cliente y la empresa contratada suele quedar recogida en un contrato en el que se determinan cuestiones como el alcance de los trabajos, los horarios, la frecuencia del servicio, el precio y las obligaciones de cada parte.

Desde una perspectiva jurídica, contar con unas condiciones contractuales claras puede ayudar a prevenir conflictos posteriores. Por ejemplo, si se produce un incumplimiento de los servicios acordados, será necesario analizar qué obligaciones asumió cada parte y cuáles fueron las circunstancias concretas del supuesto. También puede resultar relevante determinar si los daños ocasionados en un inmueble guardan relación con una actuación negligente durante las labores de mantenimiento.

Una situación especialmente habitual se produce en las comunidades de propietarios. La limpieza de comunidades forma parte de las tareas de mantenimiento que deben organizarse para conservar adecuadamente portales, escaleras, rellanos, ascensores, patios y otras zonas compartidas. La comunidad, a través de los órganos establecidos en la normativa de propiedad horizontal, puede acordar la contratación de una empresa especializada y establecer las condiciones del servicio.

En estos casos, resulta recomendable que la contratación quede correctamente documentada. Un presupuesto detallado, un contrato con las condiciones del servicio y una descripción de las tareas incluidas pueden facilitar la gestión de posibles discrepancias. También es conveniente conservar facturas, comunicaciones y documentación relacionada con el servicio.

Otro aspecto que puede adquirir importancia es la responsabilidad ante posibles accidentes. Cuando una persona sufre una caída o cualquier otro daño en una zona común, pueden surgir cuestiones relacionadas con el estado de conservación del inmueble, las circunstancias del accidente y las responsabilidades que correspondan a propietarios, comunidad, empresa de mantenimiento u otros sujetos implicados. Cada caso requiere un análisis individual de los hechos y de la normativa aplicable.

Por ello, la limpieza y el mantenimiento no deberían considerarse únicamente cuestiones operativas. Una correcta planificación, contratos bien definidos y una adecuada documentación de los servicios pueden contribuir a reducir riesgos y facilitar la resolución de posibles conflictos. En el ámbito de las comunidades y de los espacios profesionales, la prevención también pasa por mantener las instalaciones en condiciones adecuadas y gestionar correctamente las relaciones con los proveedores.

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Sánchez comunicó la convocatoria en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. Según explicó, considera necesario que los ciudadanos decidan mediante las urnas el rumbo que debe tomar el país y señaló que su Gobierno ha cometido errores durante la legislatura. El presidente defendió también la necesidad de obtener un mayor respaldo parlamentario para continuar desarrollando sus políticas.

El rechazo de los decretos de vivienda

El adelanto electoral se produce después de que el Congreso de los Diputados rechazara dos decretos del Gobierno relacionados con la vivienda. En la votación, PP, Vox y Junts coincidieron en votar en contra de las medidas propuestas por el Ejecutivo.

Los decretos incluían distintas medidas destinadas a abordar la situación de la vivienda, entre ellas disposiciones relacionadas con la protección frente a los desahucios. Su rechazo evidenció las dificultades del Gobierno para conseguir apoyos suficientes en el actual Parlamento.

Reacciones de los principales partidos

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado positivamente la convocatoria y ha afirmado que ahora serán los ciudadanos quienes decidan en las urnas. El PP había reclamado previamente la celebración de elecciones anticipadas.

Desde el Gobierno y el PSOE, la convocatoria se presenta como una forma de solicitar a los ciudadanos un nuevo respaldo electoral que permita afrontar la siguiente etapa política.

Las distintas formaciones políticas afrontarán ahora la preparación de sus candidaturas y programas para unos comicios que determinarán la composición del próximo Congreso de los Diputados.

Calendario electoral

El decreto de convocatoria está previsto para publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de octubre. A partir de ese momento comenzarán los diferentes plazos establecidos por la legislación electoral.

La campaña electoral comenzará oficialmente el 13 de noviembre y finalizará a las 00:00 horas del 28 de noviembre. Ese día será la jornada de reflexión y el 29 de noviembre los ciudadanos podrán acudir a las urnas.

El adelanto supone que los españoles acudirán a las urnas varios meses antes de que finalizara el periodo ordinario de la actual legislatura. El resultado determinará la composición del nuevo Congreso y, posteriormente, la formación del próximo Gobierno.

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La Guía Salarial Tech 2026 de TalentHackers-Catenon refleja este cambio de escenario. Las compañías ya no compiten únicamente por incorporar más profesionales tecnológicos, sino por atraer perfiles capaces de generar un impacto rápido en áreas críticas del negocio. En algunos puestos relacionados con inteligencia artificial, las diferencias salariales pueden superar incluso los 20.000 euros, una muestra de la presión que existe sobre determinados conocimientos técnicos.

Esta situación coincide con una expansión acelerada de la IA dentro de las organizaciones y con un aumento de los riesgos tecnológicos. En España, los incidentes graves de ciberseguridad crecieron un 45% durante el primer semestre de 2026, hasta alcanzar 879 casos frente a 605 en el mismo periodo del año anterior.

Nuevas fórmulas para cubrir puestos especializados

La dificultad para localizar determinados perfiles está llevando a muchas organizaciones a revisar sus procesos de contratación. Una de las alternativas es el RPO IT, un modelo mediante el que una empresa externaliza total o parcialmente sus procesos de selección tecnológica a un proveedor especializado.

Este tipo de soluciones puede resultar especialmente útil cuando es necesario contratar varios profesionales en poco tiempo o cuando los perfiles buscados requieren conocimientos muy específicos en inteligencia artificial, desarrollo, infraestructuras, cloud o seguridad.

Otra posibilidad es recurrir a una consultora de selección IT, especialmente cuando el objetivo es identificar candidatos que no suelen participar en procesos convencionales o cuando la empresa necesita apoyo para evaluar conocimientos técnicos muy concretos.

La transformación afecta también a los propios profesionales. Un estudio publicado recientemente sobre especialistas independientes en España y Portugal señala que el 38% afirma que los beneficios derivados del uso de inteligencia artificial ya repercuten, al menos parcialmente, en sus ingresos. Entre los trabajadores independientes que aumentaron su remuneración durante el último año, las tarifas crecieron una media del 25%.

En este contexto, identificar mejores empresas selección España requiere mirar más allá del volumen de candidatos gestionados. El conocimiento del sector tecnológico, la especialización de los recruiters, la capacidad para evaluar perfiles técnicos y la adaptación a las necesidades concretas de cada organización adquieren un peso creciente.

La propia inteligencia artificial también está transformando el funcionamiento de las compañías de selección. Las herramientas automatizadas permiten reducir tareas repetitivas, mientras que el conocimiento sectorial y el criterio profesional ganan importancia en las fases de evaluación y búsqueda de candidatos.

El reto para las empresas será combinar tecnología y especialización sin perder capacidad para detectar el talento que necesitan. En áreas como IA y ciberseguridad, donde la demanda continúa creciendo, la rapidez y la precisión de los procesos de contratación pueden convertirse en un factor estratégico.

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Así lo ha avanzado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha explicado que la norma establece la renovación automática de los contratos de alquiler con el objetivo de convertirlos en indefinidos.

La medida forma parte del paquete de iniciativas en materia de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros, que ha decidido articular sus propuestas a través de dos reales decretos distintos. Entre las medidas impulsadas también figuran la ampliación de la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones y diferentes actuaciones relacionadas con el acceso a la vivienda.

Más estabilidad para los contratos de alquiler

La renovación automática de los contratos pretende evitar que el final del plazo inicialmente pactado implique necesariamente que el inquilino tenga que abandonar la vivienda. Según lo anunciado por Bustinduy, si el propietario opta por poner fin al contrato deberá compensar económicamente al arrendatario.

El Gobierno ha separado esta iniciativa del resto de medidas de vivienda en un decreto específico. Esta decisión responde al escenario parlamentario y a las diferencias existentes entre los grupos políticos respecto a algunas de las medidas planteadas.

El Ejecutivo aprobó además otro decreto con medidas como la protección frente a los desahucios hasta 2030, la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones y la prohibición temporal de determinadas compras de vivienda por fondos de inversión.

La regulación de los alquileres se ha convertido así en uno de los principales elementos del nuevo paquete de vivienda, con el foco puesto en dar mayor continuidad a los contratos y aumentar la protección de los arrendatarios.

No obstante, los decretos deberán superar su tramitación parlamentaria para mantenerse en vigor, en un contexto en el que algunos grupos ya han expresado su rechazo a determinadas medidas, especialmente a la renovación automática de los contratos.

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El desahucio se ejecutó el miércoles 23 de septiembre después de varios aplazamientos y de tres intentos anteriores. Maricarmen tuvo que abandonar la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde residía desde 1956. Tras el lanzamiento, salió del inmueble en camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón. Posteriormente, se conoció que tenía previsto alojarse temporalmente con familiares, después de rechazar una plaza de emergencia en una residencia ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid.

El origen del conflicto se remonta a la situación de renta antigua de la vivienda. El contrato había sido firmado por el padre de Maricarmen en 1956 y posteriormente se produjo una subrogación a favor de su madre y otra a favor de ella. En marzo de 2026, el Tribunal Supremo respaldó la interpretación de la propiedad sobre la duración de esa segunda subrogación. Según la información publicada por El País, la normativa contempla una excepción cuando el beneficiario tiene reconocida una discapacidad superior al 65%; Maricarmen tiene reconocida una discapacidad del 50%.

La vivienda había pasado a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión, una empresa especializada en inversiones inmobiliarias. Tras la resolución judicial, la compañía ofreció a Maricarmen continuar en el inmueble con un nuevo alquiler situado entre 1.600 y 1.650 euros mensuales, frente a los aproximadamente 440-500 euros que venía abonando anteriormente. La cantidad quedaba por encima de los ingresos mensuales de la inquilina, según las informaciones publicadas antes y después del desahucio.

En los días previos al lanzamiento se sucedieron distintas iniciativas para intentar evitarlo. El Ministerio de Vivienda trató de encontrar una solución con la propiedad e incluso planteó la posibilidad de adquirir la vivienda. Además, una escritora que quiso mantener su identidad en el anonimato se ofreció a asumir el coste del alquiler para que Maricarmen pudiera permanecer en el piso. La propiedad no aceptó estas alternativas y el desahucio finalmente se llevó a cabo. El Ministerio también había respaldado un requerimiento de Naciones Unidas para solicitar cautelarmente la suspensión del desalojo.

La ejecución del desahucio ha provocado un cruce de acusaciones entre las diferentes administraciones. Sánchez ha señalado directamente a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida y ha sostenido que ambas instituciones deberían haber intervenido para evitar la situación. En su comparecencia desde Nueva York, el presidente afirmó que las administraciones habían hecho «caso omiso» y vinculó el caso con sus críticas a las políticas de vivienda de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid respondió este jueves que el desahucio se produjo «en cumplimiento de la ley» y defendió la actuación del Ejecutivo autonómico. Ayuso también afirmó que su Gobierno había ofrecido alternativas a Maricarmen y cuestionó las declaraciones de Sánchez.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha defendido que sus servicios sociales habían intervenido en el caso y que se habían puesto a disposición de la afectada distintos recursos. Entre ellos figura una plaza de emergencia en una residencia, que Maricarmen rechazó al optar finalmente por alojarse con familiares. El Ayuntamiento también ha señalado que había ofrecido otros servicios sociales durante el proceso.

El debate político se ha trasladado también al Real Decreto-ley de medidas en materia de vivienda. En febrero de 2026, el Congreso derogó el Real Decreto-ley 2/2026, una norma aprobada por el Gobierno que incluía la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de determinados desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. La derogación se produjo en una votación en la que el decreto obtuvo 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención.

Sánchez ha recuperado ahora este debate a raíz del caso de Maricarmen y ha asegurado que, con la norma que el Ejecutivo planteaba, «hoy no tendríamos esta situación». El Gobierno había anunciado durante el verano que preparaba un nuevo decreto de vivienda, aunque su aprobación se había retrasado por la falta de apoyos parlamentarios suficientes para garantizar posteriormente su convalidación en el Congreso.

El caso de Maricarmen se ha convertido así en uno de los focos del debate sobre la vivienda en Madrid y sobre los límites de la protección de los inquilinos vulnerables. Mientras el Gobierno central reclama nuevas medidas legislativas, la Comunidad y el Ayuntamiento defienden las actuaciones realizadas dentro de sus competencias. En paralelo, organizaciones de vivienda y vecinos que apoyaron a Maricarmen han continuado denunciando la situación después de que el desahucio se hiciera efectivo.

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Macron ha valorado positivamente la conversación mantenida con Trump, en un momento en el que la situación en Oriente Próximo continúa condicionando una de las principales rutas marítimas para el transporte energético internacional.

El estrecho de Ormuz sigue registrando importantes alteraciones en el tráfico de buques, en medio de las tensiones con Irán y del despliegue estadounidense en la región. Los datos recientes muestran que el número de embarcaciones que atraviesan esta vía se mantiene muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto, aunque parte de las exportaciones de petróleo de los países del Golfo continúa circulando por esta ruta.

Macron apuesta por avanzar mediante soluciones específicas

El planteamiento trasladado por Emmanuel Macron pasa por analizar alternativas diplomáticas que permitan conseguir avances concretos sin esperar necesariamente a la firma de un pacto político de mayor alcance.

La situación del estrecho tiene especial relevancia para los mercados internacionales debido a su papel como una de las principales vías de salida del petróleo y el gas producido en Oriente Próximo. Las tensiones en la zona han obligado además a los productores a recurrir a fórmulas alternativas para mantener las exportaciones, incluidas operaciones de transferencia de crudo entre buques.

La cuestión energética se encuentra asimismo en el centro de la agenda diplomática internacional. Los precios del petróleo han vuelto a reaccionar ante las expectativas de posibles contactos entre Estados Unidos e Irán, mientras los mercados siguen pendientes de cualquier señal que pueda reducir las tensiones en la región y normalizar progresivamente el tráfico marítimo.

La conversación entre Macron y Trump se produce coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, que concentra estos días numerosos encuentros entre líderes internacionales y en la que las crisis de Oriente Próximo y Ucrania ocupan una parte destacada de la agenda diplomática.

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La decisión afecta al dispositivo previsto para atender a las personas que llegaron a la ciudad autónoma durante la entrada masiva registrada a finales de julio. Según la providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la resolución deberá permanecer sin ejecutar hasta que el tribunal se pronuncie sobre la medida cautelar urgente solicitada por el sindicato.

Además, los magistrados han solicitado al Ministerio de Transportes que remita con urgencia y por vía telemática la resolución relacionada con la instalación, así como el resto de la documentación incluida en el expediente administrativo correspondiente.

El SUP solicita la suspensión de la instalación

El recurso fue presentado por el Sindicato Unificado de Policía, que reclama la paralización de la iniciativa autorizada por Transportes. El proyecto contempla utilizar aproximadamente 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para habilitar un dispositivo temporal de acogida con capacidad para cerca de 1.000 personas.

El sindicato sostiene que antes de poner en funcionamiento estas instalaciones deben analizarse las condiciones de seguridad y los posibles riesgos asociados a su ubicación. Entre otros aspectos, ha pedido que se comprueben las garantías relativas a incendios, evacuación, emergencias y prevención de riesgos laborales.

El SUP ha defendido igualmente la búsqueda de otras alternativas de acogida que permitan reducir la presión existente sobre Ceuta. Entre las opciones mencionadas por la organización se encuentra la utilización temporal de un buque-hotel.

La organización policial ha precisado que no cuestiona la atención humanitaria a los migrantes, sino la ubicación escogida para el dispositivo sin que, a su juicio, se hayan acreditado previamente todas las garantías de seguridad necesarias.

Asimismo, el sindicato ha pedido que, en caso de que parte de las instalaciones ya estuvieran operativas, se paralice cualquier ampliación y no se traslade a nuevas personas al emplazamiento mientras se resuelve el procedimiento.

Entre sus peticiones también figuran refuerzos policiales estables, especialmente en las áreas de Extranjería, Fronteras y Seguridad Ciudadana, además de la actualización de las plantillas y de los puestos de trabajo y compensaciones para los agentes destinados a hacer frente a la situación actual.

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En una entrevista televisiva, Gamarra señaló que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto desplazarse a Ceuta acompañado por el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber. Según explicó la dirigente popular, el objetivo del viaje será trasladar la situación de la ciudad autónoma al ámbito europeo y buscar un mayor respaldo de las instituciones comunitarias.

La representante del PP considera que los acontecimientos registrados en Ceuta durante las últimas semanas deben ser abordados también desde una perspectiva europea. En este sentido, sostiene que la presión migratoria en la frontera no afecta únicamente a España, sino que constituye una cuestión relacionada con la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Gamarra cuestiona la respuesta del Gobierno

Durante sus declaraciones, Gamarra cargó especialmente contra el Ejecutivo central, al que atribuyó la principal responsabilidad en la gestión de la situación fronteriza. La dirigente popular defendió que corresponde en primer lugar al Gobierno español garantizar la protección de sus fronteras antes de reclamar una mayor intervención de las instituciones comunitarias.

También criticó la política del presidente Pedro Sánchez hacia Marruecos y aseguró que, a su juicio, el Ejecutivo debería mostrar una posición más crítica con Rabat. Estas afirmaciones forman parte de la valoración política realizada por la representante del PP sobre la gestión de la crisis y las relaciones bilaterales entre España y Marruecos.

Gamarra defendió además que la actuación europea ha contribuido a contener la situación y pidió mantener esa presión. Según su planteamiento, Bruselas debe continuar implicándose y adoptar medidas que permitan trasladar una posición clara respecto a la consideración de Ceuta y Melilla como territorio español y europeo.

La dirigente popular también relacionó la futura visita de Feijóo y Weber con la estrategia del partido de trasladar el debate a las instituciones comunitarias. El PP pretende así aumentar el peso de la cuestión de Ceuta dentro de la agenda política europea y defender que la gestión de las fronteras exteriores requiere una respuesta conjunta.

La crisis vuelve de este modo a situar en el centro del debate político las relaciones entre España y Marruecos, la gestión migratoria y el papel de la Unión Europea en el control de sus fronteras exteriores. El PP mantiene su presión sobre el Gobierno para que adopte una posición más firme y reclama al mismo tiempo una mayor implicación europea ante la situación.

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