Un Juzgado de lo Social de Alicante sentenció que la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana no adoptó las medidas contundentes y entregar los medios de protección, tanto colectivos como individuales, con su personal sanitario desde que tuvo conocimiento de la existencia de una pandemia de COVID-19 y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma.

La sentencia determina una indemnización a los médicos de Valencia por haber puesto su vida y su salud en riesgo durante la pandemia.

El juez consideró que se puso en grave riesgo la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios (153 en total), especialmente el personal facultativo, por su exposición directa al riesgo de contagio. Pero negó el resarcimiento en favor del sindicato actor porque los daños que éste alega no guardan relación con el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.

La indemnización pretende cubrir el daño moral por el sufrimiento y angustia que supuso trabajar en condiciones insuficientes desde el punto de vista de la seguridad, con riesgo y peligro para su salud y de las personas cercanas a ellos.

El juez constató que el personal sanitario prestó servicios con medidas de seguridad insuficientes y el servicio sanitario era, de los servicios esenciales, el que más estaba en contacto constante y permanente, con pacientes contagiados.