El trabajo es de excelencia y los resultados son óptimos”. Así defiende Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, su competencia en materia de ejecución. Según los datos de los letrados de Justicia -antiguos secretarios judiciales- cada año se resuelven 250.000 ejecuciones más de las que entran en los juzgados, de que asumieran su llevanza. Esta cifra supone que los letrados judiciales cierran un 30 por ciento más de todos los asuntos de ejecución que se inician en la Administración de Justicia cada año.

En este sentido, Rafael Lara rechaza cualquier cambio y, en caso de revisión, pide “participar activamente en el estudio situación y las medidas que se pretenden de mejora”. De este modo, Lara asegura que “desconocen estos aspectos” que se busca modificar.

En cuanto a las quejas de retrasos en las ejecuciones, Lara explica que “hay sentencias dificultosas, muchas veces por la imposibilidad del apremio”. Además, subraya que “se deben garantizar los principios constitucionales de una ejecución pública e imparcial desde la Administración de Justicia, controlada y ordenada por los letrados judiciales”.

Plan de tecnologización

Desde el punto de vista tecnológico, los letrados de Justicia exigen un plan de carácter nacional. “Necesitamos una mayor integración de los sistemas de gestión procesal”, apunta Lara. “En la actualidad se han implementado ocho sistemas, avanzando en el proceso digital, con compromisos serios posibles y útiles”, añade.

Para ello, el presidente de los letrados de la Administración de Justicia pide considerar la opinión de los usuarios de la Administración. “Las tecnologías deben servir a la función y no al revés”, apostilla.

Por otra parte, Rafael Lara alerta de que los puestos directivos de la nueva Oficina Judicial -que tienen que ser ocupados por letrados juriciales- quedan sin adjudicar. “La mayoría de concursos de traslado queda desierta”, sostiene. Lara asegura que ya ha trasladado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, su preocupación por este asunto. “El reconocimiento y el atractivo de estos puestos directivos no está garantizado, como estamos viendo”, indica.

Esta nueva Oficina Judicial se basa en la jerarquía piramidal y en la cúspide están los letrados de la Administración de Justicia. En este sentido, compaginan sus funciones de fedatario público con la de la dirección de la Oficina Judicial. “Garantizamos un mando profesionalizado, homogeneidad y calidad del servicio público, además de optimización de medios humanos, tan necesario en circunstancias como el incremento de la litigiosidad. Por ejemplo, todos los asuntos sobre cláusulas suelo”, explica Lara.

En todo caso, el presidente de los letrados de Justicia subraya que el sistema de retribución no compensa la responsabilidad asumida. “El régimen estatutario nos coloca en una situación vacía de garantías en la vuelta a nuestros puestos genéricos, violando la conciliación de la vida familiar y laboral, y otros derechos funcionariales”, explica. De este modo, exige “un debido equilibrio entre la retribución y la responsabilidad”.

Por otro lado, Lara insiste en la iniciativa del Ministerio de Justicia para crear una subcomisión de Justicia que elabore un plan estratégico de modernización, que desarrolle el Pacto de Estado de 2001.