El Gobierno incrementó las subvenciones concedidas a Tubos Reunidos meses antes de su liquidación, pese a la delicada situación financiera de la compañía. La empresa, rescatada con 113 millones de euros por la SEPI, se encuentra ahora en proceso de venta y arrastra una deuda neta superior a los 260 millones de euros.

Según la documentación consultada, el Ejecutivo destinó casi 8 millones de euros en ayudas públicas para intentar reconducir el deterioro económico de la compañía. Solo en las cuentas anuales de 2024, las subvenciones ya reflejaban un aumento significativo, con cerca de dos millones de euros en apoyo público. En 2023, en cambio, se registró la menor cuantía del periodo analizado.

El incremento de estas partidas coincide con el contexto del rescate concedido por la SEPI, aprobado tras las presuntas gestiones y reuniones vinculadas al entramado atribuido a Leire Díez. Durante esos años, las ayudas oscilaron entre 1,5 y dos millones de euros, aunque el ejercicio de la pandemia fue el que concentró una mayor cantidad, con algo más de 2,5 millones.

La deuda con la SEPI complica la venta

Tubos Reunidos ha iniciado la venta de sus filiales, unidades productivas y de la propia matriz en el marco de su situación concursal. Las bases del proceso establecen que la operación deberá desarrollarse con criterios de transparencia, publicidad, competitividad e igualdad de oportunidades. Las ofertas finales podrán presentarse antes del otoño y los compradores deberán comprometerse a mantener la actividad durante al menos dos años.

Uno de los principales obstáculos para atraer inversores es la deuda pendiente con la SEPI. De los 263,2 millones de euros de deuda neta, el organismo público reclama alrededor de 150 millones, derivados del rescate recibido en 2021 para hacer frente al impacto de la COVID-19.

La situación de la compañía se produce además en medio de las investigaciones judiciales sobre los presuntos amaños relacionados con la llamada “trama Leire Díez”. El juez ha imputado a la presidenta de la SEPI y a otra veintena de cargos, mientras la UCO apunta a posibles favores adicionales a Tubos Reunidos por parte de Santos Cerdán y el citado entramado.

Las cuentas de 2019 no desglosaban con claridad las ayudas públicas recibidas, sino que agrupaban las subvenciones por finalidad, como proyectos de I+D, préstamos para inversiones, derechos de emisión de CO2 y otras partidas. La falta de detalle dificulta conocer con precisión el alcance de esos apoyos en los ejercicios previos al rescate.