El nuevo decreto ley sobre alquileres aprobado por el Gobierno incorpora una medida destinada a reforzar la estabilidad de los inquilinos: el propietario tendrá que indemnizar al arrendatario si decide romper un contrato sujeto a renovación automática.

Así lo ha avanzado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha explicado que la norma establece la renovación automática de los contratos de alquiler con el objetivo de convertirlos en indefinidos.

La medida forma parte del paquete de iniciativas en materia de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros, que ha decidido articular sus propuestas a través de dos reales decretos distintos. Entre las medidas impulsadas también figuran la ampliación de la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones y diferentes actuaciones relacionadas con el acceso a la vivienda.

Más estabilidad para los contratos de alquiler

La renovación automática de los contratos pretende evitar que el final del plazo inicialmente pactado implique necesariamente que el inquilino tenga que abandonar la vivienda. Según lo anunciado por Bustinduy, si el propietario opta por poner fin al contrato deberá compensar económicamente al arrendatario.

El Gobierno ha separado esta iniciativa del resto de medidas de vivienda en un decreto específico. Esta decisión responde al escenario parlamentario y a las diferencias existentes entre los grupos políticos respecto a algunas de las medidas planteadas.

El Ejecutivo aprobó además otro decreto con medidas como la protección frente a los desahucios hasta 2030, la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones y la prohibición temporal de determinadas compras de vivienda por fondos de inversión.

La regulación de los alquileres se ha convertido así en uno de los principales elementos del nuevo paquete de vivienda, con el foco puesto en dar mayor continuidad a los contratos y aumentar la protección de los arrendatarios.

No obstante, los decretos deberán superar su tramitación parlamentaria para mantenerse en vigor, en un contexto en el que algunos grupos ya han expresado su rechazo a determinadas medidas, especialmente a la renovación automática de los contratos.