El eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, enfrenta múltiples investigaciones judiciales en España que han llevado a la solicitud de levantamiento de su inmunidad parlamentaria por parte del Tribunal Supremo. Estas investigaciones abarcan presuntos delitos de acoso a una fiscal, difusión de una falsa prueba de COVID-19 del exministro Salvador Illa, y una posible financiación ilegal de su partido, Se Acabó la Fiesta.

En el caso del acoso, el juez Juan Ramón Berdugo ha iniciado el proceso para solicitar al Parlamento Europeo el levantamiento de la inmunidad de Alvise. Se le ofrece la oportunidad de declarar voluntariamente antes de que se presente el suplicatorio. Este caso se suma a otro procedimiento en el que se investiga la difusión de un documento falso relacionado con Illa. La clínica que supuestamente emitió esa prueba ha confirmado que nunca la generó, y la Fiscalía ha presentado una denuncia por falsedad documental e injurias.

Además, el Tribunal Supremo ha solicitado al Parlamento Europeo levantar la inmunidad de Alvise para investigar una presunta financiación ilegal. Se le acusa de haber recibido 100.000 euros en efectivo del empresario Luis Romillo, conocido como “Luis Cryptospain”, para su campaña electoral en las elecciones europeas de 2024. Romillo habría esperado recibir influencia en futuras legislaciones relacionadas con criptomonedas a cambio de estas donaciones.

El proceso para levantar la inmunidad de un eurodiputado implica varios pasos. Una autoridad judicial nacional debe presentar un suplicatorio al Parlamento Europeo, que lo remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Esta comisión evalúa el caso y emite una recomendación que se somete a votación en el pleno del Parlamento. Si se aprueba por mayoría simple, el levantamiento de la inmunidad permite que las autoridades judiciales nacionales procedan con la investigación o el juicio.

En la pasada legislatura, la Eurocámara examinó 55 suplicatorios y solo rechazó cinco casos de levantamiento de inmunidad. Las razones para rechazar un suplicatorio incluyen la existencia de fumus persecutionis, es decir, cuando se concluye que la intención del proceso judicial es perjudicar la actividad política del diputado. Sin embargo, la mayoría de los suplicatorios se aprueban, permitiendo que los eurodiputados rindan cuentas ante las autoridades nacionales.

El caso de Alvise Pérez ha generado un debate sobre el uso de la inmunidad parlamentaria como una vía de escape ante posibles responsabilidades legales. Alvise ha reconocido públicamente que se presentó a las elecciones europeas con su partido para obtener este privilegio. Este tipo de inmunidad no implica impunidad, ya que el Parlamento Europeo dispone de procedimientos para levantarla y permitir que los eurodiputados enfrenten las acusaciones en su contra.

En resumen, el proceso para levantar la inmunidad de un eurodiputado es riguroso y está diseñado para equilibrar la protección de la independencia parlamentaria con la necesidad de que los representantes rindan cuentas por sus acciones. El caso de Alvise Pérez ejemplifica cómo este procedimiento se aplica en situaciones donde existen sospechas de delitos graves.