La Policía Nacional acudió el pasado 21 de marzo a un piso del Barrio de Salamanca de Madrid tras la llamada de un vecino denunciando que se estaba celebrando una fiesta. Los agentes acudieron a las 00.50h al lugar y se encontraron con la negativa desde dentro a abrir la puerta, una chica les pedía que se identificaran y que necesitaban de una orden judicial para poder entrar, los policías gritaron sus números de placa pero a pesar de ello desde dentro se hizo caso omiso.

Fue entonces cuando, sobre las 2 de la mañana, decidieron entrar en acción y con la ayuda de un ariete tiraron la puerta y entraron dentro, pudiendo comprobar que en su interior se encontraban 14 personas, entre los que se encontraban varios vecinos y personas de origen extranjero. Los policías comenzaron entonces la detención de 9 de las 14 personas que se encontraban dentro, acusadas de un «delito de desobediencia grave».

El juez de guardia que se encargó del caso una vez los acusados llegaron a comisaría defendió la actuación de la policía ya que, según relata, la joven «sabía que y conocía que los funcionarios que se identificaban como policía, pertenecían a ese cuerpo» y a pesar de ello hizo caso omiso de las órdenes que estos daban. «También sabía y conocía que su presentación en el domicilio (…) fue derivada de la existencia de una reunión prohibida por ley», y sabía que debía identificarse. «Por estos motivos debe entenderse que la privación de libertad era razonable a la actitud adoptada por [la joven] quien pudiera ser investigada por un presunto delito de desobediencia grave a la Autoridad, por el que debe entenderse que la detención fue ajustada a derecho», añade.

Sin embargo, el abogado de las víctimas considera que los agentes se sobrepasaron en su actuación y que son orden judicial cometieron un abuso de autoridad. Ahora todo queda pendiente de juicio.