La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) apuesta por una mayor coordinación y corresponsabilidad fiscal entre comunidades autónomas. Además, catalogan como algo positivo el plan estratégico para el periodo 2019-2022 presentado por la Agencia Tributariaya que han atendido varias de sus peticiones.

En un encuentro con medios con motivo del XXIX Congreso de Inspectores de Hacienda, celebrado en Zaragoza, la presidenta de IHE, Berta Tomás Vidal, ha recalcado la importancia del principio de “corresponsabilidad fiscal”, y ha señalado que cuando se otorga competencias normativas sobre ingresos a recaudar, las comunidades autónomas deben ser “responsables” de fijar unos mínimos de competencia y que éstos “no sean a la baja para ver quien atrae más inversiones”, sino que haya más “competencia fiscal”.

Así se ha expresado después de que ayer la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, abogase en el mismo congreso por alcanzar un equilibrio entre la armonización de los Impuestos de Sucesiones y Donaciones con la autonomía fiscal de las regiones.

Tomás considera que “es el momento” de acometer la reforma del sistema de financiación autonómica y de “dar una vuelta” al asunto de los tributos cedidos. En esta línea, el vicepresidente segundo de IHE, Saulo Marrero, ha recordado que las CCAA tienen una “amplia competencia” en determinados tributos y ha apuntado que la normativa en Sucesiones, Donaciones y Patrimonio aborda los tributos que pueden gravar de forma directa a los grandes patrimonios.

“Morirse o tener un gran patrimonio cuesta distinto en una comunidad u en otra”, ha indicado Marrero, quien ha insistido en la necesidad de una mayor coordinación y mayor corresponsabilidad fiscal entre las regiones.

La AEAT, su plan estratégico

Por otra parte, los inspectores ven “bastante positivo” el nuevo Plan Estratégico de la Agencia Tributaria para los próximos tres años, detallado ayer por la ministra de Hacienda, al seguir las recomendaciones de la asociación, en aspectos como la reducción de la conflictividad tributaria, el fomento del cumplimiento voluntario y la postura respecto a la propuesta de la OCDE para que las empresas tributen allí donde realizan actividades y generan beneficios.

En este sentido, el director general de la AEAT, Jesús Gascón, ha explicado en la clausura del congreso de inspectores de Hacienda que el nuevo plan estratégico permite tomar decisiones y marcar prioridades, aunque es “abierto”, ya que el mundo “evoluciona muy rápido“.

Gascón ha asegurado que el plan evita la elusión y la planificación fiscal agresiva, y contempla medidas como, en Sociedades, transmitir a las empresas datos fiscales, en línea con lo que se hace ya en materia de IRPF con los ciudadanos, un borrador para la liquidación del IVA, y una separación y refuerzo de la atención digital y telefónica de la presencial.

También se trabajará en la “asignatura pendiente” de medir los efectos inducidos de las distintas actuaciones, así como un mayor control sobre los grandes patrimonios, analizar los trabajos en este ámbito de la OCDE para plantear la realización de inspecciones conjuntas y extender la red de código de buenas prácticas a todo tipo de empresas y autónomos.

De igual forma, ha destacado que en el trienio de 2015 a 2017 se han aumentado un 26% el número de declaraciones entre los contribuyentes inspeccionados respecto a lo que sucedía entre 2011 y 2013, más del doble que el alza de los ingresos tributarios (+13%).

De cada 100 euros que gestiona la AEAT, se registra un coste del 0,7%, cifras parecidas a la de Reino Unido pero por debajo de la media de la OCDE (0,87%). A su vez, ha mostrado la intención de aumentar la plantilla, tal y como afirmó ayer la ministra, aunque ha reconocido que hay “cierta crisis de oposiciones”.

Por último, la secretaria de Estado de Hacienda en funciones, Inés Bardón, ha animado a los jóvenes a estudiar las distintas posibilidades en el ámbito profesional de inspecciones y ha resaltado que las fuentes de información logradas con los nuevos acuerdos internacionales permitirán analizar el valor de los activos y los riesgos fiscales y los titulares de los patrimonios relevantes significativos, por lo que ha abogado por adoptar un “enfoque multidisciplinar”.