La Abogada General de la Unión Europea, Juliane Kokkot, consideró que la administración española comete un abuso en la contratación sistemática de interinos para cubrir plazas estructurales, pero aclaró que no por ello debe hacer fijas a las personas que se encuentren en dicha situación.

La opinión de Kokkot está incluida en las conclusiones que presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, en referencia a dos casos de trabajadores interinos de Madrid que elevaron su demanda hasta instancias comunitarias. Uno de estos llegó a acumular 17 años de contratos eventuales en el Servicio Madrileño de Salud.

Aunque sus ideas no equivalen a la sentencia final, que sí deberá emitir el TJUE, en la mayoría de los casos anticipan el fallo definitivo. Y en este caso particular de España podría involucrar a 901.300 personas, que trabajan en el sector público con un contrato temporal, según la Encuesta de Población Activa (EPA), referentes al segundo trimestre del 2019.

Esto indica que más de uno de cada cuatro empleados del sector público, concretamente 28,2% son interinos. En Cataluña dicha cifra es de 109.400 temporales, 24,5%.

Kokkot considera acreditado que la normativa española, que prevé la renovación de contratados eventuales con el fin de garantizar la prestación de determinados servicios, no ofrece suficientes garantías al trabajador eventual y, por lo tanto, contraviene la legislación común europea y constituye un abuso de la temporalidad. Sin embargo, la letrada estima en sus conclusiones que dicho abuso “no se sanciona automáticamente con la transformación de la relación de servicio temporal en una relación de servicio fija”.