El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado una inversión de 35,6 millones de euros para reforzar la frontera de Ceuta después de la crisis migratoria iniciada a finales de julio. El plan contempla, entre otras actuaciones, el alargamiento de los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú, nuevas medidas de vigilancia y la creación de infraestructuras permanentes para mejorar la capacidad de respuesta ante posibles episodios similares.

Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, Marlaska explicó que el Gobierno ha solicitado financiación europea para acometer estas actuaciones. Las medidas previstas incluyen también un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) con capacidad para 800 personas. Según la información facilitada por Interior, estas actuaciones recibirían una cofinanciación del 90% de la Unión Europea a través del instrumento destinado a la gestión de fronteras y la política de visados.

Más vigilancia y nuevas infraestructuras en la frontera

El paquete anunciado por Interior incorpora igualmente nuevas capacidades tecnológicas para la vigilancia fronteriza, entre ellas embarcaciones ligeras de intervención, dispositivos remotos de actuación subacuática y sistemas de vigilancia aérea mediante aeronaves no tripuladas.

Estas medidas se suman a las inversiones realizadas durante los últimos años en la ciudad autónoma. Marlaska cifró en 34,4 millones de euros las actuaciones ejecutadas desde 2018 para reforzar la seguridad del perímetro fronterizo. A ello se añade la segunda fase del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado para el periodo 2026-2034, que contempla 66,6 millones para una nueva Jefatura Superior de Policía y una nueva Comandancia de la Guardia Civil.

El ministro ha señalado asimismo que más de 1.600 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil se encuentran desplegados actualmente en Ceuta, después de los refuerzos realizados a raíz de la entrada masiva registrada el 30 de julio.

Según los datos expuestos este viernes por Interior, aproximadamente 5.000 migrantes permanecen todavía en Ceuta, después de que alrededor de 72.000 personas accedieran a la ciudad durante el episodio que desencadenó la actual crisis. Marlaska ha defendido la colaboración con Marruecos para facilitar los retornos y ha asegurado que continuarán tramitándose los procedimientos legales correspondientes para las personas que no cumplan las condiciones necesarias para permanecer en España.

El anuncio llega después de varios días marcados por un aumento de la tensión social y diferentes episodios violentos en Ceuta. El jueves fueron detenidos doce migrantes marroquíes después de una agresión a cuatro militares en la zona de Benzú, donde un grupo de entre 30 y 40 personas rodeó el vehículo en el que viajaban y comenzó a lanzar piedras de grandes dimensiones.

También se han producido enfrentamientos en las zonas de las playas de Benítez y El Trampolín, donde las fuerzas de seguridad han tenido que intervenir después de que algunos manifestantes intentaran acceder a espacios ocupados por migrantes. Tanto el Gobierno central como el Ejecutivo ceutí han realizado llamamientos a rebajar la tensión y evitar cualquier tipo de violencia.

Marlaska ha reclamado expresamente el “cese de cualquier tipo de violencia” y ha defendido que la situación debe abordarse desde la coordinación institucional, al tiempo que ha agradecido el comportamiento de la mayoría de la población ceutí.

La respuesta institucional cuenta además desde esta semana con un mando único para gestionar la crisis de Ceuta. El Consejo de Ministros acordó declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional y situar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al frente de una autoridad funcional encargada de coordinar las actuaciones. En este organismo participan, entre otros, la Ciudad Autónoma, la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia y los ministerios implicados.

Paralelamente, Interior ha reforzado los procedimientos de identificación de las personas que permanecen en la ciudad. Desde el jueves funcionan ocho nuevas líneas de trabajo policial en el CATE provisional de El Tarajal, donde se realizan labores de identificación, toma de datos biométricos y valoración de la situación administrativa de los migrantes antes de iniciar los procedimientos de devolución, expulsión, protección internacional o protección de menores.