Tribunal de Cuentas quiere mejorar la legislación para que las entidades locales se dejen fiscalizar

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El Tribunal de Cuentas continúa insistiendo en la necesidad de una legislación nacional que imponga medidas más duras para que las entidades locales presenten sus cuentas a tiempo y se dejen fiscalizar.

Las entidades locales están obligadas a enviar al Tribunal sus cuentas del año anterior para que sean fiscalizadas: la cuenta general, el balance de situación, el resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria. Sin embargo, esta reclamación por parte del TC lleva realizándose desde hace 14 años, ya que un gran número de entidades locales no entregan sus cuentas o lo hacen con retraso.

Año tras año se producen retrasos y el TC así lo recoge en el informe que elabora sobre la situación del sector local. El documento es remitido al Congreso, donde los grupos parlamentarios lo estudian y aprueban recomendaciones que suelen asumir las que hace el propio Tribunal.

En el informe sobre el año 2015 se vuelve a constatar el incumplimiento en el envío de toda esta documentación: el 31 de diciembre de 2016, dos meses y medio después del plazo legal, un 27 por ciento de las entidades no había entregado al Tribunal las cuentas de 2015, tres puntos más que el año anterior.

La cifra es mucho peor cuando hacemos referencia a la cuenta general de 2015, que se tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre la situación del patrimonio, la ejecución del presupuesto y los gastos e ingresos. Tan sólo el 56 por ciento de las entidades la entregó a tiempo, por debajo del 62 por ciento del año anterior. En el caso de los ayuntamientos, cumplió el 60 por ciento y entre los cabildos y consejos insulares, sólo el 10 por ciento.

También de 2003, de hace 14 años, es la propuesta de que la normativa estatal y las leyes autonómicas impongan los mismos plazos para enviar la documentación, porque “la diversidad genera de manera innecesaria divergencias y desajustes temporales”.

Otras recomendaciones del TC también son de hace muchos años. Por ejemplo, tomar medidas legales para que las entidades locales tengan que aprobar unos presupuestos anuales y no funcionen sin ellos, no puedan aprobar modificaciones de crédito sin financiación efectiva y tengan que ajustar su gestión a sus posibilidades financieras reales.

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