Por considerar que establece una discriminación intencionada contra los votantes negros, y por ende, inconstitucional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandará al estado de Georgia por su nueva ley electoral.
El texto legal, aprobado con el apoyo de los legisladores republicanos, impone nuevos requisitos de identificación de votantes para las papeletas de voto ausente, limita el uso de urnas electorales y faculta a los funcionarios estatales para hacerse cargo de las juntas electorales locales.
Todas estas nuevas limitaciones constituyen para el Gobierno de Joe Biden n ejercicio de supresión de voto.
El fiscal general estadounidense, Merrick Garland, junto con la fiscal adjunta Kristen Clarke, ha anunciado que “esta demanda es el primero de los muchos pasos que estamos dando para garantizar que todos los votantes registrados puedan emitir su voto”, y ha enfatizado que “el estado promulgó esas restricciones con el propósito de negar o restringir el derecho al voto por motivos de raza o color”.
El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, criticó el anuncio del fiscal Garland al decir que la demanda “nace de las mentiras y la desinformación que el Gobierno de Biden ha impulsado contra la Ley de Integridad Electoral de Georgia desde el principio”.