El Gobierno argentino ya no es parte de la demanda que varios países latinoamericanos intentan contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional por violación a los Derechos Humanos.

Es consecuencia de la decisión del país austral de retirarse del Grupo de Lima, el 24 de marzo, espacio conformado especialmente para condenar los abusos del gobierno venezolano y presionar par un cambio de gobierno con el auspicio del entonces presidente norteamericano, Donald Trump.

En un escrito, Argentina había recalcado, sin embargo, que ese retiro es “sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial”.

La demanda había sido interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina – con Mauricio Macri de presidente- en 2018, para que se investigara al régimen de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.

Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante ese tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.