Empresas podrán ser acusadas por delitos de odio

Desde ya, los fiscales pueden incluir los delitos de odio contra minorías en la atribución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y que está regulada en el artículo 510 bis del Código Penal.

Esto está establecido por la Fiscalía General del Estado en la Circular 7/2019, sobre pautas para interpretar los delitos de odio, que acaba de hacer pública.

La Fiscalía considera que para aplicar todo esto es necesario remitirse a los criterios expuestos en la Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015.

La Circular de la Fiscalía también destaca que será preciso tener en cuenta las diversas sentencias del Tribunal Supremo sobre la materia, tales como las de 29 de febrero, 16 marzo y 13 de junio de 2016; las de 6 de abril y 19 de julio de 2017; la de 11 de octubre de 2018, y las de 5 y 7 de febrero de 2019.

El texto, de 2 de marzo de 2016 y del que es ponente el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, sienta también como jurisprudencia que la imposición de penas a las personas jurídicas (multa, disolución y pérdida definitiva de su personalidad jurídica, suspensión, clausura de sus locales y establecimientos, inhabilitación e intervención judicial) exige del fiscal el mismo esfuerzo probatorio que le es requerido para justificar la procedencia de cualquier otra pena cuando ésta tenga como destinataria a una persona física.

El discurso del odio es una conducta orientada hacia la discriminación sectaria frente a un determinado grupo o sus integrantes. No se sancionan las meras ideas u opiniones, sino las manifestaciones de odio que denotan un desprecio hacia otro ser humano, por el simple hecho de ser diferente.

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Alejandro Villalobos

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