El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el jueves que el modelo 720, que obliga a las personas a declarar bienes y derechos situados en el extranjero, y el sistema de sanciones derivado de este, es contrario al Derecho de la Unión.

España impone sanciones excesivas a los ciudadanos que incumplan con esta obligación o cometan fallos en sus declaraciones, atentando contra el principio de libertad de movimiento de capitales, explica la sentencia de la justicia europea.

Las medidas anti fraude, agregaron los magistrados europeos, son desproporcionadas para el fin perseguido y crean un perjuicio excesivo para los ciudadanos.

Con la decisión, el TJUE avaló el informe de la Comisión Europea emitido en 2017, en el que declaró la incompatibilidad con el Derecho de la Unión de determinados aspectos de la obligación de los residentes fiscales en España de declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero.

Para el Alto Tribunal, la obligación de presentación del modelo 720 y las sanciones derivadas del incumplimiento o del cumplimiento imperfecto o extemporáneo de dicha obligación, que no tienen equivalente en lo que respecta a los bienes o derechos situados en España, crea un trato discriminatorio, al trazar una diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar de localización de sus activos.