El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso fin al monopolio de una entidad pública sin ánimo de lucro portuguesa sobre los juegos y apuestas de azar en Internet.
En el asunto C275/19, el ente resolvió una cuestión prejudicial que provoca el fin del convenio.
Con fecha de 22 de octubre de 2020, la sentencia del TJUE ha establecido que la normativa lusa que dispone el derecho exclusivo de explotación de juegos de azar a La Santa Casa da Misericordia de Lisboa, pese a ser conforme a la normativa europea, constituye un “reglamento técnico” y, por tanto, para su aplicación debía haber sido comunicado previamente a la Comisión.
Por esto, la justicia europea consideró que al haber omitido dicho trámite, se produce un vicio sustancial de procedimiento en la adopción de los citados reglamentos técnicos, que lleva aparejada como sanción su inaplicabilidad, ya que no son oponibles frente a los particulares.
Todo comenzó con una demanda de la Santa Casa da Misericordia de Lisboa contra Sportingbet, una sociedad que explota por medios electrónicos juegos de azar, modalidades similares a esos juegos, apuestas mutuas y loterías en varios países, entre ellos Portugal.
En el escrito, la entidad solicitaba, entre otras cosas, que se declarase la ilegalidad de las actividades de Sportingbet y que se condenara a Sportingbet a dejar de explotar juegos de loterías y apuestas mutuas en Portugal, además de reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de esas actividades ilegales.
Los tribunales portugueses le dieron la razón, declararon a Sportingbet ilegal, y le condenaron a abstenerse de explotar, de cualquier forma, juegos de lotería y apuestas, debido a que Sportingbet explotaba juegos de azar en territorio portugués a través de sitios de Internet en portugués, sin restricciones y sin la autorización de la Santa Casa, la única entidad que tiene autorización para hacerlo en el país luso según su legislación.
Sportingbet recurrió ante el Supremo Tribunal de Justicia, pidiéndole que remitiese una petición de decisión prejudicial al respecto al TJUE.