7 de cada 10 jueces y magistrados en España consideran necesario dotar de más recursos a la justicia para la lucha contra la explotación sexual de mujeres y niñas. Así lo afirma un estudio realizado por la Universidad Pontífica Comillas ICAI-ICADE, en el que se ha encuestado a 71 jueces y se ha entrevistado en profundidad a 11.

Según revela este estudio, los jueces y magistrados demandan la falta de medios y recursos que realmente puedan proteger a las víctimas. Según destaca, los datos extraídos demuestran las dificultades de instrucción y enjuiciamiento que los jueces se encuentran ante el delito de trata.

Otro de los inconvenientes que pone de relieve esta investigación es la falta de colaboración e implicación de las victimas de trata, según el 75% de los magistrados. Y es que, según hacen constar, se trata de procesos “que requieren mucho tiempo” y medios de investigación “que no siempre están disponibles”, y por ello, “estos casos pueden colapsar un juzgado de instrucción”.

Asimismo, todos los jueces coinciden en que los familiares directos, a menudo amenazados por las mafias que están detrás de la trata, también requieren protección, y para ello, manifiestan, es necesaria la cooperación internacional con los países de origen de las víctimas.

Por otra parte, el 85% señala que la sensibilidad social sobre la trata era escasa, y que la concienciación social en profesionales y sociedad civil puede ser un primer paso para proteger adecuadamente a las víctimas.

En este sentido, los expertos que han participado en la II jornada contra la trata ‘Protegiendo a las víctimas de trata‘, donde, organizada por la Universidad, se han revelado los datos del estudio, han lamentado la escasez de denuncias (tres en 2016), y subrayan que en 2015 y 2016 solo se consiguieron algo más de 20 sentencias condenatorias por delitos de trata. En España, se estima que ejercen la prostitución unas 114.000 personas.

Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una proposición no de ley relativa al impulso de una Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la infancia, donde se hace alusión a los abusos sexuales.