Accesibilidad en el edificio, un derecho para los vecinos con movilidad reducida

La accesibilidad a la vivienda y, por ende, la movilidad vertical y horizontal en el edificio, suele ser uno de los principales problemas que encuentran las personas con movilidad reducida en su día a día: según un estudio sobre accesibilidad realizado por Fundación Mutua de Propietarios, tan solo el 37% de los edificios son accesibles desde la calle al portal.

Es por esto por lo que muchas comunidades de vecinos se plantean realizar obras que eliminen las barreras arquitectónicas de acceso a los inmuebles con el objetivo de dotar de independencia y mejorar la calidad de vida de los vecinos que padecen movilidad reducida.

Sin embargo, no siempre las comunidades de vecinos cuentan con dinero suficiente para cubrir las obras destinadas a la mejora de la accesibilidad y, aunque existen organizaciones que dotan de ayudas y subvenciones destinadas a estas reformas, en ocasiones requieren de una derrama a la que no todos los vecinos quieren hacer frente.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece, no obstante, la obligatoriedad de realizar las obras y reformas pertinentes para garantizar la accesibilidad cuando así lo requieran los propietarios de viviendas o locales en los que vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de 70 años.

Los gastos derivados de la realización de obras que mejoren la accesibilidad, tales como la instalación de rampas, ascensores u otros, deberán ser cubiertos por todos los vecinos siempre y cuando, deducidos el importe de la subvención o ayuda, en caso de existir, no supere doce mensualidades de gastos ordinarios.

De hecho, el Real Decreto Legislativo de 2013 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, impone también la obligatoriedad a las comunidades de propietarios de “realizar ajustes razonables” y establecía como plazo para la adaptación de los edificios el 4 de diciembre de 2017. La realidad, sin embargo, es otra: según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) apenas 196.295 inmuebles cumplirían los criterios de accesibilidad universal.

Esther Vazquez

Mi nombre es Esther Vázquez, licenciada en Pediodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, especializada en periodismo jurídico. Creo en la Justicia y en la lucha contra la injusticia. Mi lema: "Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea", Malcom X

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