La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desplegado este miércoles un operativo en la sede federal del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid, dentro de las diligencias abiertas sobre los pagos en efectivo realizados por el partido entre los años 2017 y 2024.
La actuación se produce en el marco de una investigación judicial centrada en la liquidación de gastos a dirigentes, empleados y personas vinculadas a la formación socialista. Según la información publicada, los agentes han accedido a dependencias de la sede del partido para recabar documentación relacionada con esos pagos en metálico.
Una pieza bajo investigación judicial
Las diligencias forman parte de una pieza declarada secreta en la Audiencia Nacional. El foco se sitúa en determinar el origen, la trazabilidad y la justificación de determinadas cantidades abonadas en efectivo durante el periodo investigado.
Entre los pagos analizados figuran algunos vinculados al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. La investigación trata de esclarecer si esas cantidades estuvieron correctamente justificadas o si pudieron tener relevancia penal en el contexto de las pesquisas abiertas.
El caso vuelve a colocar bajo presión al PSOE, después de que en los últimos meses ya se hubieran conocido actuaciones judiciales relacionadas con la documentación sobre pagos en metálico. En 2025, la Audiencia Nacional reclamó al partido información sobre esos movimientos y justificantes correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2024.
Reacción política inmediata
La entrada de la UCO en Ferraz ha provocado una reacción inmediata en el ámbito político. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado que se dé la voz a los españoles y ha vuelto a pedir un cambio de Gobierno tras conocerse la actuación de la Guardia Civil.
El dirigente popular ha enmarcado el registro dentro de una situación política que considera insostenible y ha apelado a los socios parlamentarios del Ejecutivo para que retiren su apoyo al Gobierno.
Por el momento, la investigación continúa abierta y bajo control judicial. La actuación de la UCO en la sede socialista supone un nuevo episodio dentro de las pesquisas sobre los pagos en efectivo del partido, una cuestión que sigue pendiente de aclaración en sede judicial.