Los órganos del Poder Judicial de España deberán seguir ciertos parámetros, en el marco del Estado de Alarma para frenar el Covid-19, que son recogidos en una guía del CPGJ.

La guía explica cómo se debe actuar cuando algún miembro del personal del poder judicial (y otras personas que hayan estado en las instalaciones) da positivo por coronavirus.

El documento establece que el afectado, además de ponerse en contacto con el servicio de salud pública correspondiente y seguir sus instrucciones, deberá informar a sus superiores orgánicos, Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Gobierno, Fiscal Superior o Instituto de Medicina Legal.

También es obligatorio informar a su entorno laboral más cercano, y además comunicar la situación de incapacidad temporal a través de los cauces respectivos.

Según la información compartida, los datos serán del conocimiento de la Comisión Judicial de Seguimiento, constituida en cada comunidad autónoma y presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que la trasladará a las autoridades sanitarias competentes y a los delegados de prevención de riesgos laborales locales.

También los cuerpos profesionales relacionados con la justicia, sean  jueces, fiscales, forenses o funcionarios tienen el deber de remitir la información de forma urgente a su personal respectivo, dándoles cuenta de lo sucedido y de las recomendaciones sanitarias en caso de haber tenido contacto con el afectado.