Desde hace cuatro meses, las empresas españolas están obligadas a llevar un registro de la jornada laboral de sus empleados. En medio del cumplimiento sobran las dudas y los miedos, porque las sanciones pueden ir de 626 euros y 6.250 euros.

El 31 de mayo , dos semanas después de que acabara el plazo para que todas las empresas se adaptaran a la normativa, recogida en el el real decreto ley 8/2019, comenzaron las inspecciones.

El Ministerio del Trabajo también puso a disposición una guía explicativa para los empresarios sobre la aplicación e implementación del registro horario. Una medida laboral que, aunque de forma indirecta, fue respaldada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Economista publicó cinco claves para salir bien de una inspección de trabajo, que desarrollo la empresa especializada en sistemas de fichaje biométrico y vía web B+SAFE.

-Conservar los datos. El empresario debe guardar los registros de la jornada durante al menos cuatro años. Por ello lo más recomendable es usar un sistema que ayude a conservar la información en perfecto estado.

-Periodicidad. El decreto ley no establece ninguna periodicidad con la que el empresario debe entregar una copia a los trabajadores con su registro horario, a no ser que esté determinado en el convenio o un acuerdo con los empleados.

-Disponibilidad. El registro de la jornada debe estar disponible. Y en el mismo lugar de trabajo si lo solicita un inspector, los representantes de los trabajadores o cualquier miembro de la plantilla, recuerda la compañía de sistemas de fichaje biométrico.

-Tiempos de descanso. Cómo registrar los tiempos de descanso de los empleados es uno de los puntos más polémicos de la normativa del registro horario. El texto legal estipula que este debe incluir las “interrupciones o pausas” que realizan los trabajadores y que no se consideran tiempo de trabajo efectivo.

-Privacidad. La legislación no establece una manera concreta para registrar la jornada. Pero, sea cual sea el sistema, este debe respetar en todo caso la normativa sobre protección de datos (ley orgánica de protección de datos, LOPD).