Con la escalada de las distintas fase y la reincorporación paulatina de los trabajadores a sus centros de trabajo, se está llevando a cabo medidas cuyo fin es prevenir nuevos contagios por coronavirus. Una de ellas es la toma de la temperatura.

Se ha ocasionado diversos debates cuestionando su legalidad ya que puede formar parte del tratamiento de los datos personales del trabajador. No obstante, como principal premisa ante este escenario, es la seguridad del resto de trabajadores, se declara esta medida totalmente legal.

Todo ello conlleva a que, al tomar la temperatura, se está recogiendo un dato personal como es el de la salud de las personas. Así, es obligatorio regirse por los principios establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otras medidas que siempre puedan aplicarse al tratamiento de protección de datos.

Ante dicho escenario, antes de dar comienzo con esta medida provocada por la nueva vida tras el covid-9, es fundamental tener en cuenta  y evaluar los riesgos que podrían derivarse por parte de los trabajadores a la hora de implantar la medida de la toma de temperatura en la oficina.

En determinadas empresas optarán por contratar a terceros o hacer uso de sistemas de terceros para llevar a cabo dichas tomas de temperatura. En esta situación, es importante la existencia de un contrato en el que se pueda garantizar al trabajador, que dicho tratamiento garantice la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales.

Con esta medida, entre otras ya surgidas y por surgir, se intenta disponer de un control saludable de cada uno de los trabajadores para que, en caso de contagio, pueda ser detectado a tiempo y evitar la propagación. Haciendo un buen uso de las medidas, se podrá ir frenando los contagios y disminuyendo la fuerza del virus.