Francisco Fernández Marugán, actual Defensor del Pueblo, considera que es importante llevar a cabo una mejora “sustancial” del sistema informático judicial en nuestro país. Y es que, desde se estableció el uso obligatorio de la plataforma LexNET se han producido diversos fallos de funcionamiento.

En su informe relativo al ejercicio 2017, Fernández Marugán enumera una serie de problemas registrados en este sistema de comunicaciones electrónicas destacando especialmente el “importante” incidente ocurrido a finales de julio del año pasado que provocó que medio centenar de profesionales autorizados intentaran acceder de forma irregular a documentación de otros compañeros.

Una vez corregido el fallo se inició una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Justicia y ante el Consejo General del Poder Judicial, según explica el Defensor del Pueblo que precisa que Justicia puso en marcha una oficina de seguridad informática y reforzó el actual sistema de comunicaciones para evitar posibles intrusiones.

La investigación realizada por el CGPJ y la Agencia Española de Protección de Datos continúa abierta y podría derivar en sanciones. Fruto de esta colaboración se produjo una visita de inspección de los dos organismos en la sede de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia.

La memoria también recoge una serie de incidencias informáticas producidas en los juzgados de Castilla-La Mancha, Castilla León, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla que derivaron en una actuación de oficio con la Secretaría de Estado de Justicia, según el informe que destaca la creación del Proyecto de Estabilización, englobado dentro del Plan de Acción Tecnológica de 2017, y cuya finalidad es dar estabilidad tecnológica a las sedes judiciales.

El proyecto recoge una serie de actuaciones cuyos objetivos son mejorar el nivel de calidad en los servicios tecnológicos prestados a la Administración de Justicia, mejorar la experiencia de los usuarios en la utilización de las herramientas tecnológicas y realizar actuaciones que garanticen la correcta provisión del servicio para mejorar la estabilidad, capacidad y seguridad de los sistemas.