El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia una propuesta de reglamento con la que se pretende dar una solución definitiva al colectivo de magistrados y magistradas que superaron las pruebas de especialización en los órdenes civil y penal convocadas por el órgano de gobierno de los jueces en 2011.

De hecho, los magistrados se vieron afectados por las sentencias del Tribunal Supremo, mientras que declararon la nulidad de varios artículos del Reglamento de la Carrera Judicial dos años después.

Por su parte, el vocal José María Macías ha sido el encargado de explicar que “el texto redactado señala que la especialización en los órdenes civil y penal fue vista, y sigue siendo vista por este Consejo, como una necesidad y un instrumento que permitía poner de manifiesto la concurrencia de mérito y capacidad de los miembros de la Carrera Judicial que optasen al desempeño de determinadas plazas”.

En realidad, el CGPJ aprovechó en abril de 2011 la oportunidad que brindaba la aprobación de un nuevo Reglamento de la Carrera Judicial para establecer unas pruebas específicas para que quienes ostentaran la categoría de magistrado obtuvieran la especialización en los órdenes civil y penal.

El problema vino en 2013 cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo estimó parcialmente los recursos interpuestos por varias asociaciones judiciales contra el Reglamento y declaró la nulidad de los artículos 24, 41 y 42, señalando que la Ley Orgánica del Poder Judicial no contempla otros especialistas que los previstos en sus artículos 311 y 312.

El letrado Andrés Martínez Arrieta ha relevado a Sánchez Melgar como segundo magistrado del Supremo para conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según el acuerdo alcanzado en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).