El Consejo de Ministros aprobó martes el anteproyecto de ley de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que posiciona al fiscal como el instructor del caso, y no al juez.
De acuerdo con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la reforma de la LeCrim es necesaria para adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea y conseguir la coherencia institucional que necesita el sistema.
El Gobierno aprobó también el anteproyecto para promulgar la Ley Orgánica de la Fiscalía Europea.
“Supone una obligación política, en un momento de transformación del país como el que estamos viviendo. No sería legítimo no hacerlo”, ha apuntado Campo tras la reunión de los ministros.
El ministro indicó que “atribuir la investigación al fiscal, no es ya una opción, sino una obligación establecida de forma clara y directa por la UE”. Según señala el considerando 11 del Reglamento de la Fiscalía Europea, este nuevo órgano se le atribuye las funciones de “investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión”.
La nueva LeCrim incorporará también nuevas herramientas para la lucha contra la criminalidad y refuerza las garantías de los intervinientes en el proceso penal, tal como ha adelantado el ministro.
La ley actual tiene 138 años y ha sido reformada 77 veces (54 posteriores a la promulgación de la Constitución).