El impacto de las medidas para evitar la propagación de la COVID-19 ha llevado al Parlamento Europeo a preocuparse y solicitar que se abandonen los estados de emergencia o conseguir fórmulas que minimicen sus consecuencias.

Las medidas han limitado derechos fundamentales como la libertad de circulación, de expresión o de libertad religiosa, según el Parlamento.

La reciente resolución (2020/2790), publicada 13 de noviembre, enumera una serie de peticiones para que las medidas que limitan derechos sean ante todo proporcionadas y temporales.

También se recuerda que lo importante es contar con una supervisión parlamentaria y judicial apropiada, tanto a nivel interno como externo, así como controles equivalentes orientados a limitar el riesgo de que no sean usadas como pretexto para cambiar el equilibrio de poderes.

Desde el punto de vista del Parlamento Europeo, el funcionamiento de las democracias y los mecanismos de control y compensación a los que están sujetas se ven afectados cuando una situación de emergencia sanitaria altera el reparto de poderes, como permitir al ejecutivo adquirir nuevas competencias que suelen estar reservadas para el poder legislativo y las autoridades locales, al tiempo que se imponen restricciones al papel de los Parlamentos, el poder judicial, la sociedad civil y los medios de comunicación, así como a las actividades y la participación de los ciudadanos.