Una de las medidas para recuperar el tiempo perdido en juzgados y tribunales debido al Estado de Alarma por la pandemia de COVID-19, la habilitación de agosto, sigue siendo tema de críticas.
La Abogacía Española difundió un comunicado en el que expresa su malestar por la medida de que los plazos procesales sigan corriendo entre los días 11 y 31 de agosto, un mes dedicado a las vacaciones.
También están habilitadas para este lapso las citaciones para vistas.
En su nota, el órgano rector de los letrados españoles, emitida el 17 de agosto, el Consejo reconoce que se trata de una medida que “ha causado un gran malestar entre abogados y procuradores” y que lejos de resolver problemas “está causando perjuicios a los profesionales de la Abogacía“.
La posibilidad de habilitar agosto estuvo encima de la mesa y el órgano rector de los letrados españoles se opuso y propuso concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la justicia en este mes, salvo siempre las actuaciones urgentes, de modo que pudiera desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre. Esta vía, sin embargo, no salió adelante.
Los colegios de abogados también han mostrado su oposición y su profundo rechazo a esta habilitación. “Los abogados y abogadas se han quedado sin posibilidad de descansar en el mes de agosto”, dice la Abogacía, a lo que destaca la poca efectividad de la medida, puesto que en los juzgados gran parte del personal, así como jueces y letrados, disfrutan de días de descanso, “por lo que la mayoría de los escritos no se tramitarán hasta septiembre”.