El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de «tragedia social» el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía desde hace 71 años en una vivienda del distrito madrileño de Retiro. Desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas, Sánchez ha responsabilizado de la situación a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital y ha reclamado a los grupos parlamentarios que apoyen las nuevas medidas de vivienda que prepara el Ejecutivo.

El desahucio se ejecutó el miércoles 23 de septiembre después de varios aplazamientos y de tres intentos anteriores. Maricarmen tuvo que abandonar la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde residía desde 1956. Tras el lanzamiento, salió del inmueble en camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón. Posteriormente, se conoció que tenía previsto alojarse temporalmente con familiares, después de rechazar una plaza de emergencia en una residencia ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid.

El origen del conflicto se remonta a la situación de renta antigua de la vivienda. El contrato había sido firmado por el padre de Maricarmen en 1956 y posteriormente se produjo una subrogación a favor de su madre y otra a favor de ella. En marzo de 2026, el Tribunal Supremo respaldó la interpretación de la propiedad sobre la duración de esa segunda subrogación. Según la información publicada por El País, la normativa contempla una excepción cuando el beneficiario tiene reconocida una discapacidad superior al 65%; Maricarmen tiene reconocida una discapacidad del 50%.

La vivienda había pasado a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión, una empresa especializada en inversiones inmobiliarias. Tras la resolución judicial, la compañía ofreció a Maricarmen continuar en el inmueble con un nuevo alquiler situado entre 1.600 y 1.650 euros mensuales, frente a los aproximadamente 440-500 euros que venía abonando anteriormente. La cantidad quedaba por encima de los ingresos mensuales de la inquilina, según las informaciones publicadas antes y después del desahucio.

En los días previos al lanzamiento se sucedieron distintas iniciativas para intentar evitarlo. El Ministerio de Vivienda trató de encontrar una solución con la propiedad e incluso planteó la posibilidad de adquirir la vivienda. Además, una escritora que quiso mantener su identidad en el anonimato se ofreció a asumir el coste del alquiler para que Maricarmen pudiera permanecer en el piso. La propiedad no aceptó estas alternativas y el desahucio finalmente se llevó a cabo. El Ministerio también había respaldado un requerimiento de Naciones Unidas para solicitar cautelarmente la suspensión del desalojo.

La ejecución del desahucio ha provocado un cruce de acusaciones entre las diferentes administraciones. Sánchez ha señalado directamente a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida y ha sostenido que ambas instituciones deberían haber intervenido para evitar la situación. En su comparecencia desde Nueva York, el presidente afirmó que las administraciones habían hecho «caso omiso» y vinculó el caso con sus críticas a las políticas de vivienda de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid respondió este jueves que el desahucio se produjo «en cumplimiento de la ley» y defendió la actuación del Ejecutivo autonómico. Ayuso también afirmó que su Gobierno había ofrecido alternativas a Maricarmen y cuestionó las declaraciones de Sánchez.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha defendido que sus servicios sociales habían intervenido en el caso y que se habían puesto a disposición de la afectada distintos recursos. Entre ellos figura una plaza de emergencia en una residencia, que Maricarmen rechazó al optar finalmente por alojarse con familiares. El Ayuntamiento también ha señalado que había ofrecido otros servicios sociales durante el proceso.

El debate político se ha trasladado también al Real Decreto-ley de medidas en materia de vivienda. En febrero de 2026, el Congreso derogó el Real Decreto-ley 2/2026, una norma aprobada por el Gobierno que incluía la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de determinados desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. La derogación se produjo en una votación en la que el decreto obtuvo 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención.

Sánchez ha recuperado ahora este debate a raíz del caso de Maricarmen y ha asegurado que, con la norma que el Ejecutivo planteaba, «hoy no tendríamos esta situación». El Gobierno había anunciado durante el verano que preparaba un nuevo decreto de vivienda, aunque su aprobación se había retrasado por la falta de apoyos parlamentarios suficientes para garantizar posteriormente su convalidación en el Congreso.

El caso de Maricarmen se ha convertido así en uno de los focos del debate sobre la vivienda en Madrid y sobre los límites de la protección de los inquilinos vulnerables. Mientras el Gobierno central reclama nuevas medidas legislativas, la Comunidad y el Ayuntamiento defienden las actuaciones realizadas dentro de sus competencias. En paralelo, organizaciones de vivienda y vecinos que apoyaron a Maricarmen han continuado denunciando la situación después de que el desahucio se hiciera efectivo.