Los nuevos aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han provocado una respuesta crítica entre varios de los países afectados. Los gravámenes, de entre el 10% y el 12,5%, se aplicarán a las importaciones procedentes de 60 países y economías bajo el argumento de que sus gobiernos no han adoptado medidas suficientes para combatir el trabajo forzoso.

Brasil, Japón, Australia y Chile han cuestionado la justificación utilizada por Washington. Algunos de estos países consideran que Estados Unidos está empleando la lucha contra el trabajo forzoso como argumento para ampliar su política comercial proteccionista y aumentar las barreras a productos extranjeros.

Brasil fue uno de los primeros gobiernos en reaccionar. La Administración de Luiz Inácio Lula da Silva acusó a Estados Unidos de utilizar una cuestión social de especial relevancia como “excusa” para imponer nuevas restricciones comerciales.

El Ejecutivo brasileño sostuvo que Washington carece de un fundamento legal interno que respalde su política y denunció que ha optado por vincular los aranceles con el trabajo forzoso para justificar un nuevo impuesto a las importaciones.

Japón y Australia cuestionan la medida

El Gobierno japonés calificó de “lamentable” la decisión estadounidense. El portavoz gubernamental, Minoru Kihara, defendió que la industria y el comercio de Japón operan de acuerdo con las normas internacionales.

Tokio considera injustificado que sus exportaciones sean penalizadas por una supuesta falta de medidas destinadas a impedir la entrada de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

Australia también exigió la retirada de los nuevos gravámenes. Estados Unidos aplicará un arancel del 12,5% a la mayoría de las exportaciones australianas, una decisión que Canberra considera incompatible con el acuerdo de libre comercio existente entre ambos países.

El ministro australiano de Comercio, Don Farrell, afirmó que los aranceles carecen de justificación y no reconocen los esfuerzos realizados por Australia para combatir el trabajo forzoso. El Gobierno australiano reclamó su eliminación antes de la entrada en vigor de la medida.

La nueva ofensiva arancelaria de Trump vuelve a incrementar las tensiones comerciales internacionales. La decisión afecta a países con diferentes relaciones económicas con Estados Unidos y abre la posibilidad de nuevas negociaciones, reclamaciones diplomáticas o respuestas comerciales.

Chile negociará mientras México conserva su trato preferente

El Gobierno de Chile defendió que el país dispone de una institucionalidad laboral sólida y anunció que negociará con Washington para tratar de quedar excluido de la lista de economías afectadas.

Las autoridades chilenas buscarán demostrar que su legislación y sus mecanismos de control cumplen con los compromisos internacionales relacionados con la protección de los trabajadores y la prevención del trabajo forzoso.

México, por su parte, aseguró que ha evitado la aplicación general de los nuevos gravámenes. Las exportaciones mexicanas que cumplan las condiciones previstas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, mantendrán su tratamiento preferencial.

La reacción de los países afectados refleja el rechazo a una medida que consideran comercialmente injustificada. Mientras Estados Unidos defiende que los aranceles responden a la falta de actuaciones contra el trabajo forzoso, varios gobiernos sostienen que ese argumento está siendo utilizado para reforzar el proteccionismo y presionar a sus socios comerciales.