Justicia estudia desde hace algunas semanas cómo actuar en el momento que se levante el Estado de Alarma, para evitar el colapso total de los juzgados y tribunales. Pero desde la Abogacía Española “el éxito de este plan pasa por usar de forma mucho más intensiva todos los medios tecnológicos en la relación entre la Justicia y las Administraciones Públicas y de todos ellos con abogados y procuradores”.

El objetivo del este es contribuir a agilizar la prestación de la administración de Justicia cuando el Gobierno ponga fin a la actual situación excepcional.

Por eso, remitió al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial tres nuevos documentos de propuestas, que surgieron del trabajo de colaboración y de las aportaciones de Consejos Autonómicos, Colegios y asociaciones.

Entre las medidas de corte tecnológico que reclama la Abogacía se contempla el acceso de los propios letrados al expediente judicial electrónico y la autorización para que las declaraciones de testigos y peritos puedan realizarse por vía electrónica siempre que exista conformidad entre las partes.

También se solicita el acceso electrónico a documentación de carácter mercantil y la agilización de las comunicaciones electrónicas con distintos organismos públicos.