La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establecerá límites en el acceso que los medios de comunicación tienen sobre los procesos judiciales.

Lo anunció el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una intervención parlamentaria sobre el plan de control del Gobierno sobre las ‘fake news’.

El objetivo del Gobierno es evitar las filtraciones a los medios de comunicación, que en muchas ocasiones suponen la llamada ‘pena de banquillo’. Y puso como ejemplo “el viejo dilema de la foto del detenido esposado, cuyo caso luego queda en nada”.

El futuro texto de reforma de la LECrim establece que sólo el fiscal, que estará encargado de la instrucción en lugar de hacerlo el juez como hasta ahora, podrá informar a los medios de comunicación sobre cómo se desarrolla el caso. Así, se espera que los periodistas puedan lesionar la presunción de inocencia.

De esta forma, ni los órganos gubernativos ni las Fuerzas de Orden Público podrán facilitar informaciones, salvo que cuenten con la autorización del fiscal correspondiente.