Los indultos que el Consejo de Ministros aprobó para los nueve presos del procés son parciales, por lo que conmutan la pena de presión, pero mantienen la condena a inhabilitación.

El Ejecutivo estima “que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos”.

Sánchez apeló a “la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española”.

Además, la medida se aplica con la condición de no volver a repetir los hechos por los que fueron enjuiciados “durante un periodo de tiempo determinado”, ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, la Asociación de Fiscales (AF) se había pronunciada contraria, antes de la decisión, y recordó que los indultos “deben fundarse en razones de justicia, equidad o interés público”, lo que no aplica, desde su punto de vista, para los presos del procés.

“¿Qué razones de justicia, equidad, o utilidad pública puede tener en estas circunstancias la concesión del indulto, como no sea el del puro interés partidista?”, se preguntó Cristina Dexeus, presidenta de la asociación, la mayoritaria de las tres existentes, y que preside desde noviembre de 2017.