Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos de Esquadra, quedó ayer absuelto de sus cargos por parte de la Audiencia Nacional, que desmontó punto por punto todas las acusaciones vertidas contra él. Se pone fin así a un proceso judicial de más de tres años, en el que la Guardia Civil y la Fiscalía defendía que había actuado favoreciendo a los independentistas catalanes.

La sentencia absuelve a Trapero, a los jefes políticos de la policía catalana y a la intendente Teresa Laplana. Según la Audiencia Nacional, todos los acusados no solo no actuaron de forma sediciosa, sino que ayudaron en todo lo que pudieron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Esta resolución choca con la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó por sedición a los líderes independentistas y que afirmó que los Mossos mostraron una clara intención de obstruir las acciones de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

Los magistrados defienden que no se utilizara la violencia ese día ante ciudadanos “indefensos”, algo que también choca con el Ministerio del Interior, que ordenó impedir el referéndum aunque se vivieran momentos violentos.

Recordamos que durante la celebración del referéndum ilegal se produjeron cargas policiales que dejaron centenares de heridos en Catalunya. Los vídeos grabados por los ciudadanos dieron la vuelta al mundo y diversos medios de renombre se hicieron eco de la violencia vivida ese día en las calles.

De hecho, uno de los policías ha sido identificado e imputado por realizar una patada voladora contra los ciudadanos que había en el IES Pau Claris de Barcelona.

El juez que instruye la causa ha citado en calidad de investigados a tres agentes que actuaron ese día con actuaciones “desproporcionadas e incluso peligrosas”, según informó la Asociación Irida.

No son los únicos. En el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona hay un total de 63 investigados, 58 de los cuales son policías nacionales.