En una sentencia firmada el 21 de julio de 2025, el Tribunal Supremo ha validado la colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Valladolid el 28 de junio de 2020. La resolución rechazó el recurso presentado por la Asociación Abogados Cristianos, confirmando las decisiones previas del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Valladolid y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según el Supremo, dicho acto no vulnera los principios de objetividad y neutralidad que deben regir las administraciones públicas, sino que contribuye a la promoción de la igualdad. La sentencia se basa en normas como la Ley 3/2007 contra la discriminación por orientación sexual, la Ley 15/2022 y la Ley 4/2023, que refuerzan las garantías frente a la discriminación por identidad de género o sexual.

Este fallo adquiere especial relevancia ante el contexto político municipal, donde el alcalde, del PP en coalición con Vox, se había opuesto previamente a la exhibición de esta bandera. El Supremo pone fin a esa controversia, interpretando normativa vigente del Derecho administrativo y de igualdad, y subraya el papel de los símbolos públicos en la defensa de derechos fundamentales.

La cuestión central gira en torno al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación, frente a la interpretación restrictiva que algunos entienden como obligación de «imparcialidad» de la Administración. El Supremo dice que la expresión simbólica, si bien debe guardar mesura institucional, puede servir como mecanismo de defensa de valores constitucionales cuando está respaldada por normativa específica.

El fallo implica también un respaldo jurídico a la multiplicidad de gestos institucionales que visibilizan minorías y luchas históricas. Y envía una señal a otros entes públicos: será constitucionalmente legítimo usar emblemas de igualdad dentro de un marco legal actualizado, siempre que no se conviertan en gestos partidistas o de exclusión.

Desde el plano constitucional, esta sentencia podría servir como jurisprudencia orientadora para casos similares en otros municipios frente a alegaciones de falta de neutralidad. Es una reafirmación de que el Estado debe proteger activamente la diversidad y los principios de no discriminación, incluso a través de símbolos cuya exhibición, en contexto legal, no supone parcialidad inadmisible.

El Supremo confirma que la bandera LGTBI en un edificio municipal no equivale a una declaración partidista, sino a una afirmación de derechos amparados por leyes recientes. Un mensaje claro: igualdad y legalidad pueden ir de la mano.