La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, pidió una regulación determinante para la conciliación de los abogados, con igualdad a la de los funcionarios públicos.

“La crisis sanitaria no puede volver a ser una excusa para posponer las reformas legales que equiparen la conciliación de los abogados y abogadas españoles a la situación de la que disfrutan los funcionarios de Administración de Justicia”.

La declaración surgió por el caso de la suspensión del plazo para que una abogada de Ponferrada en avanzado estado de gestación presentase un recurso de apelación.

Ortega sostiene que “conciliar la vida personal y profesional es un derecho y una condición fundamental para garantizar la igualdad en todos los ámbitos profesionales”.

Por ello, reclama que no quede únicamente el criterio de los jueces, sino que debe estar oportunamente regulado.

En este marco, la Abogacía Española ha propuesto que en los próximos meses se priorice entre las reformas que se van a acometer las de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr).