Ante la activación del título III de la ley Helms-Burton de EE.UU, la República de Cuba anunció el 17 de mayo aplicar todas las garantías legales para proteger las inversiones extranjeras en la isla.

Este título permite demandar a firmas que operan con propiedades confiscadas en el país caribeño tras la Revolución. Según medios oficiales, el ministro de Comercio Exterior cubano Rodrigo Malmierca, hizo estas afirmaciones durante una reunión con representantes de compañías foráneas y del cuerpo diplomático en La Habana junto a un grupo de funcionarios estatales: “El gobierno cubano ratifica su decidida oposición y asegura que aplicará todas las garantías legales para proteger los negocios que existen en el país”, indicó Malmierca a los empresarios con intereses en la isla, la gran mayoría del sector turístico.

También afirmó   Malmierca que “La ley Helms-Burton, que pretendió alejarnos, nos ha acercado más para defender nuestros intereses comunes”, al tiempo que subrayó que es “inaplicable” y que actualmente el gobierno cubano trabaja en la eliminación de “trabas” y por el “incentivo” a la inversión extranjera, la cual es “fundamental” para el desarrollo del país.

De esta manera, la noticia ha generado preocupación entre empresas hoteleras españolas que invierten en la isla.

Las más de 200 firmas españolas radicadas en Cuba están preparadas para resistir un eventual endurecimiento del bloqueo, a pesar de las crecientes tensiones políticas. Entre los grandes gigantes hoteleros se encuentran Meliá Hotels International e Iberostar, con importantes contratos de gestión de instalaciones y propiedades de capital mixto.

Hay que tener en cuenta que actualmente España es el tercer socio comercial de Cuba y el principal en Europa. Ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde 1902.

Así el pasado día 2 de mayo Donald Trump activó por primera vez el citado título III, el cual da luz verde a estadounidenses para demandar en tribunales de EE.UU. a quienes operen en los enclaves y terrenos que les fueron confiscados tras la Revolución cubana de 1959, lo que podría perjudicar a firmas extranjeras con presencia en Cuba.