El Tribunal Supremo inadmitió a trámite la querella intentada por la Asamblea Republicana de Vigo contra la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón Catalán.

Ambos fueron acusados de no abrir una investigación contra el Rey emérito, Juan Carlos I, tras conocerse a través de la prensa el supuesto cobro de comisiones por el Rey, así como la utilización de unas tarjetas de crédito con cargo a una cuenta en la que habría sido ingresado dinero como regalo por parte de un empresario mexicano amigo.

“Ni la AEAT ni la Fiscalía han abierto una inspección tributaria o una investigación penal formal”, según Antón Beiras, representante de la Asamblea Republicana de Vigo, quien interpuso la querella.

A ambos funcionarios se les atribuían delitos de prevaricación administrativa y de omisión de persecución de los delitos.

En un auto, con fecha del 11 de mayo, la Sala de lo Penal, inadmitió la querella y acuerda el archivo de las actuaciones.

La Sala afirma que la Asamblea “no ofrece elemento o principio de prueba que avale razonablemente la verosimilitud de la realidad de los hechos contenidos en la querella en lo que se refiere a la intervención de la persona aforada, Sra. Delgado como fiscal General del Estado, limitándose a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo”.