La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alertado sobre la disparidad de criterios en la legislación española para determinar qué creadores de contenido pueden considerarse influencers. En un informe emitido sobre el anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Rectificación, el organismo ha recomendado establecer un criterio unificado que aclare quién entra en esta categoría.

El documento señala que el anteproyecto de ley incluye a los influencers entre los sujetos obligados a rectificar errores, imprecisiones o falsedades en sus contenidos, equiparándolos a los medios de comunicación. Para ello, fija un umbral de 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 si el creador está presente en varias. Sin embargo, esta cifra contrasta con los requisitos de otras normativas vigentes.

La CNMC subraya que los números establecidos en el anteproyecto son diez veces inferiores a los contemplados en el Real Decreto 444/2024, que regula la inscripción obligatoria en un registro público de los llamados Usuarios de Especial Relevancia (UER). Según este decreto, un influencer debe contar con más de un millón de seguidores en una plataforma o dos millones en varias para estar sujeto a dicha obligación, además de facturar más de 300.000 euros anuales y cumplir con un mínimo de publicaciones emitidas.

Esta diferencia de criterios genera inseguridad jurídica y dificulta la aplicación uniforme de las normativas, según advierte la CNMC. El organismo ya había instado en su momento a rebajar el umbral de seguidores exigidos en la regulación de servicios de comunicación audiovisual, al considerar que era excesivamente elevado. Ahora, insiste en que es necesario aclarar y armonizar las cifras en todas las regulaciones relacionadas con la actividad de los creadores de contenido.

Además de la unificación de criterios, la CNMC ha pedido especificar los mecanismos que deberán aplicar las plataformas y los medios digitales para garantizar el derecho de rectificación de manera eficaz. También sugiere definir qué organismo será el encargado de supervisar su cumplimiento y establecer el régimen sancionador aplicable en caso de incumplimiento.

Este debate no es nuevo. La creciente influencia de los creadores de contenido en el ámbito digital ha llevado a los reguladores a buscar fórmulas para fiscalizar su actividad, en un intento por equipararlos a los medios de comunicación tradicionales en términos de responsabilidad sobre la información que difunden. Sin embargo, la falta de consenso en los criterios para definir a un influencer genera dudas sobre la efectividad de las medidas adoptadas hasta el momento.

Mientras tanto, el sector sigue creciendo a gran velocidad y las marcas continúan apostando por el marketing de influencia como una de sus estrategias clave. La regulación de este ecosistema digital parece inevitable, pero la clave estará en encontrar un equilibrio entre la protección del consumidor, la libertad de expresión y la viabilidad de los creadores para continuar desarrollando su actividad.