Las empresas no pueden exigirle a sus trabajadores que comprueben la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni los datos fiscales que faciliten a los funcionarios en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Aeat) para elaborar dicha declaración.

De acuerdo a una sentencia de la Audiencia Nacional, del 7 de diciembre de 2018, esta petición quebranta el derecho a la intimidad personal y familiar del trabajador porque se trata de datos protegidos. La información entregada a los interesados pertenece a la intimidad, constitucionalmente tutelada, de los sujetos. Así lo explicó a magistrada Ruiz Jarabo Quemada, quien fue ponente de la sentencia.

Entre los datos que aporta información se encuentran, por ejemplo, la afiliación a un sindicato, si colabora con la Iglesia Católica o con organizaciones no gubernamentales e incluso, el patrimonio personal del trabajador.

Ruiz Jarabo Quemada concluyó que la exigencia de estos documentos, sin el consentimiento expreso del afectado, es “una medida inadecuada y desproporcionada que conculca por ello el derecho a la intimidad personal y familiar del trabajador”.

Por otro lado, de acuerdo con una sentencia reciente del Tribunal Supremo, las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social están exentas del IRPF, por lo que aquellas mujeres que hayan estado de baja desde 2014 y hubieran sufrido retenciones, pueden solicitar la devolución.