El Parlamento británico ha desmontado la legislación europea al aprobar la ley de retirada de la Unión Europea (UE) ya que se ha puesto en marcha el artículo 50 de la ley en la votación de la Cámara de los Comunes.

De hecho, el proyecto de ley tiene el objetivo de poner fin legalmente a la preeminencia de la legislación de la UE sobre la británica una vez que Reino Unido se separe del bloque europeo en 2019.

Además, la legislación británica elaborada durante los últimos 40 años tiene su origen en decisiones europeas y eso hace necesario dotarla de una base de legitimidad propia para que tenga valor una vez que Reino Unido vuelva a ser un país tercero.

En realidad, la llamada Ley de la Gran Derogación ha recibido el visto bueno por 326 votos a favor y 290 en contra, mientras que el objetivo de ésta es anular el Acta de Comunidades Europea de 1972, que en su día autorizó el ingreso de Reino Unido en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).

Asimismo, la mayor parte de los aspectos legales de la salida de Reino Unido de la UE se pueden pactar a lo largo de lo que queda de negociaciones, de modo que se podría preparar un aterrizaje más o menos suave y convenido por ambas partes y este mecanismo legal sería un trámite simbólico.