La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya está sobre la palestra. Una iniciativa que los diferentes partidos que han estado en el Gobierno han intentado aprobar sin ningún éxito. El ministro Juan Carlos Campo ya tiene redactado el anteproyecto de una ley que cambia la investigación de los delitos, que pasarían a estar en manos de los fiscales y no de los jueces, como sucede ahora.

De esta manera, se limitará la información que se transmite a los medios de comunicación, especialmente en imágenes o hechos que no trasmitan ningún dato relevante, como afirmó ayer Campo en el Congreso.

Además, como argumenta el ministro, servirá para proteger la identidad de los testigos y los investigados. Otra de las novedades que plantea el texto es que ni los sindicatos ni los partidos podrán presentarse como acusación popular ante casos de corrupción.

La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal data de 1882 y de salir adelante, sería el PSOE el primer partido en conseguirlo, tras las intentos frustrados del PP. La intención del Gobierno es aprobar la propuesta de reforma próximamente y consensuarla después en el Congreso.

Según el ministro Campo, es “una norma de consenso que construye país, que avanza en el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las garantías democráticas”.

Desde la tribuna del Congreso, Campo ha mostrado el deseo de que la nueva ley sea “producto de un profundo diálogo con todas las fuerzas políticas y los miembros de la comunidad jurídica”, ya que considera que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal “es una norma medular para nuestro ordenamiento”. Por último, ha declarado que contamos con “una ley que está completamente desfasada y que no encaja con la realidad social ni jurídica actual”.