El Center for Economic Policy & Political Economy de Esade (EsadeEcPol) propone en un estudio sobre las medidas para afrontar la crisis del coronavirus que se realice una transferencia de emergencia en efectivo (“renta de pandemia”) durante tres meses para todos los españoles de entre 18 y 65 años, que podría rondar los 1.000 euros, a fin de aliviar “el sufrimiento económico a las personas que no están cubiertas por ninguna de las prestaciones existentes”.

Asimismo, entiende que podría servir “de crédito puente” para quienes todavía están esperando que se procesen sus solicitudes para obtener otras prestaciones. Posteriormente, las cantidades transferidas se recuperarían a través de un impuesto excepcional.

De acuerdo con este trabajo, la literatura sobre emergencias y desastres muestra que las transferencias temporales incondicionales “probablemente son mejores que otras alternativas”. Según el Banco Mundial, existen actualmente 130 nuevas iniciativas de transferencia de efectivo que se han introducido como respuesta a la crisis de la Covid-19.

Sin embargo, el organismo dirigido por Toni Roldán señala que, dado el gran volumen de la población potencialmente afectada por la pérdida de empleo por la pandemia de la Covid-19, la aplicación de estas transferencias sin ningún tipo de fórmula para acotar su coste resultaría muy cara para los gobiernos.

Para estimar el coste de un programa como éste, EsadeEcPol plantea como ejemplo una transferencia de 1.000 euros a todos los adultos de 18 a 65 años mientras las medidas de distanciamiento social obliguen a una gran parte de la población a reducir sus horas de trabajo o a dejar de trabajar.

Si estos pagos se realizaran durante 3 meses a un total de 30 millones de personas (aproximadamente, el número de personas de 18 a 65 años que hay en España), con un 25% de la población adulta en paro y otro 25% de la población activa ingresando la mitad de lo que percibía en 2019, el coste inicial de esta transferencia temporal de efectivo sería de 90.000 millones de euros, el 7% del PIB.

En el caso de las personas afectadas por la pérdida de empleo en esos tres meses, el 75% de los pagos en efectivo que hubieran recibido se reembolsarían mediante el citado impuesto extraordinario, lo cual se traduciría en una transferencia neta de efectivo de 750 euros. Por su parte, las personas afectadas por una caída de los ingresos del 50% durante esos tres meses recibirían una prestación neta de 375 euros.

Los ingresos fiscales extraordinarios totales ascenderían a 81.500 millones de euros, de modo que el coste presupuestario neto de esta medida sería de 8.500 millones de euros, aproximadamente el 0,68% del PIB. Añadiendo una prestación de 150 euros por cada hijo menor de 18 años, el coste presupuestario neto podría ascender hasta el 0,71% del PIB (8.788 millones de euros).

“Las ventajas de esta propuesta son que es simple, puede aplicarse de forma rápida y los costes presupuestarios que implica a lo largo de un período de dos años son similares a los de otros planes que ya se están aplicando en estos momentos, al tiempo que tiene el potencial de llegar a todas las personas afectadas por la pérdida de ingresos, sin implicar criterios de elegibilidad ex ante que probablemente dejarían fuera a muchas personas y llevarían demasiado tiempo”, argumenta EsadeEcPol.

Asimismo, defiende que esta medida es compatible con otras existentes, como las prestaciones por desempleo, los ERTE y otras medidas extraordinarias. “Si estas prestaciones se incluyen en el cálculo de ingresos para 2020, se reduce la pérdida efectiva de renta que han sufrido las personas con respecto a 2019 y se incrementa la cantidad de la prestación que deberá reembolsarse”, señala.

En el caso de que no se pudiera recaudar el impuesto porque el beneficiario haya gastado todo el efectivo que le ha sido transferido y no perciba ingresos en 2020 (podría ser el caso de un estudiante a tiempo completo), EsadeEcPol propone que el Gobierno implemente un mecanismo para recuperar los ingresos, por ejemplo ampliando la carga tributaria en años futuros y haciéndola depender de los ingresos futuros.

Por último, precisa que esta “renta de pandemia” no supone solucionar el problema de la pobreza estructural en España, y por tanto no debería entenderse como un sustituto del sistema de renta mínima que quiere aprobar el Gobierno.